A pesar de la voluntad política del Frente Amplio de aprobar el proyecto del Código Penal, que actualiza el compendio de delitos, los legisladores del oficialismo coinciden en que no dará el tiempo para sancionarlo en ambas cámaras, por lo que la discusión quedará para el próximo período parlamentario.
El proyecto propone, entre otras modificaciones, eliminar el delito de abuso de funciones ampliamente cuestionado por juristas por ser un delito demasiado general. Sin embargo, frente a los procesamientos por este delito del exministro de Economía y ahora diputado electo, Fernando Lorenzo, del expresidente del Banco República, Fernando Calloia y del intendente de Colonia, Walter Zimmer (único procesado con prisión), se decidió que no era oportuno eliminarlos.
Los diputados consultados afirmaron que se hará un último esfuerzo para intentar aprobar el Código, pero reconocieron que es difícil, cuando no imposible, que sea sancionado en este período, como informó ayer El País.
Además, si queda para la próxima legislatura deberá ser estudiado nuevamente. De los actuales integrantes de la Comisión de Constitución y Códigos, sólo dos diputados, Gonzalo Mujica y Pablo Iturralde, fueron reelectos.
El diputado Mujica dijo ayer a El Observador que el proyecto a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos tiene 70 artículos desglosados –la mayoría a pedido del Partido Nacional, acotó– lo que quitó velocidad al trabajo parlamentario.
La comisión está citada para el próximo miércoles y se pidió a los partidos que lleven una posición tomada sobre los artículos abiertos a discusión. “La intención es aprobarlo ahora pero sin atropellos, dando tiempo a las bancadas”, dijo Mujica.
El proyecto propone eliminar figuras delictivas desactualizadas e incorporar nuevas como son algunas delitos informáticos.
Con respecto al abuso de funciones, establecido en el artículo 162 del código vigente, el diputado Daoiz Uriarte hizo una nueva redacción, que fue rechazada por los demás partidos. Uriarte propuso que haya abuso de funciones cuando se viole “una ley y no cualquier reglamento”. Además propuso restringir la aplicación de ese delito cuando se compruebe que hubo “un beneficio económico indebido para sí o un tercero en perjuicio de la Administración”.
La nueva redacción mantiene las penas establecidas para el delito abuso de funciones de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. No obstante, en el texto vigente se sanciona también con inhabilitación de dos a cuatro años y multas de entre 10 y 3.000 Unidades Reajustables. Esas sanciones no están en la nueva redacción.
En la fundamentación sobre el cambio propuesto, Uriarte afirmó que la figura delictiva en el abuso de funciones, “no estaba claramente descripta” por lo que se viola la norma de la tipicidad y “con ello las garantías sustanciales del imputado”.
“Si bien toda la doctrina penal coincide en condenar la forma en que este delito se encuentra hoy enunciado, no necesariamente coinciden en la eliminación total de un figura que permitiría castigar determinadas acciones lesivas hacia terceros y hacia la administración, con el fin de obtener beneficios ilícitos mediante el abuso indebido de las funciones de un cargo”, explicó el legislador.
Uriarte es de los que considera “difícil” que el nuevo Código se apruebe en esta legislatura por falta de tiempo. También opinó que la intención es buscar “un consenso amplio” por lo que de no alcanzarse, no se votará.
Por su parte, desde el Partido Independiente, el diputado Ivan Posada, propuso que “se reflexione” sobre las disposiciones que penalizan delitos en campos deportivos, lo que también atrasará la discusión.
A todo esto, el coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado, Enrique Rubio está convencido que el proyecto será aplazado y quedará para el próximo Parlamento.
