Debate sobre eliminar delito de incesto, figura que no se aplica

El Partido Colorado inició gestiones con el objetivo de evitar que se elimine el delito de incesto, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo en 2010 en un proyecto que modifica el Código Penal y que hoy analiza la comisión de Constitución y Códigos. La diputada Cecilia Eguiluz (Vamos Uruguay Salto) dijo ayer a El Observador que "es un error" derogar esa figura y hacerlo será enviar "un mensaje equivocado" a la sociedad.

Su planteo surgió a raíz del caso ocurrido en Rivera, donde un hombre de 56 años violó durante años a sus dos hijas menores, y luego a nietos y sobrinos. Paralelamente, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si hubo responsabilidades del fiscal de Rivera, que no pidió procesamientos cuando se dio el episodio.

La denuncia se había radicado en 2009 y luego fue retirada. El fiscal Ricardo Chiecchi no solicitó el procesamiento del abusador al no haber "escándalo público", que es una de las condiciones para que se configure el delito de incesto.
Tras una nueva denuncia presentada este año por un vecino, el hombre resultó procesado a comienzos de julio. El día que entró a la cárcel se suicidó. La madre de las niñas, que sabía lo que estaba pasando, fue procesada sin prisión.

Qué es el incesto

El artículo 276 del Código Penal define el delito: "Cometen incesto los que, con escándalo público mantienen relaciones sexuales con los ascendientes legítimos y los padres naturales reconocidos o declarados tales, con los descendientes legítimos y los hijos naturales reconocidos o declarados tales, y con los hermanos legítimos. Este delito será castigado con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría".

El asunto es que, según explicaron fuentes judiciales a El Observador, la relación sexual entre familiares no está penada, salvo que se realice con menores de 15 años, y en ese caso no es incesto sino violación. Sólo se configura incesto cuando el vínculo sexual se da con consentimiento de ambas partes y en una situación que genere escándalo público.

Por esa razón hay quienes consideran que no tiene sentido mantener esa figura, ya que es practicamente inaplicable. En cualquier caso, si la persona es obligada o si es menor de 15 años, hay violación, no incesto. Y si es mayor de 15 años se debe poder probar que existió consentimiento.

Investigan caso de Rivera

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, pidió información a la fiscalía de Rivera sobre las actuaciones del fiscal Chiecchi, quién pidió archivar la causa y dejó al abusador libre. El fiscal Chiecchi siguió su carrera y actualmente se desempeña en una sede penal de Montevideo.

Díaz dijo ayer que espera recibir en horas el informe. El fiscal de Corte analizará cómo se procedió y luego definirá si toma acciones administrativas. "Me preocupa que por la razón que fuere haya pasado lo que pasó. Son situaciones que no pueden volver a pasar", afirmó. El máximo jerarca del Ministerio Público dijo que la institución no "rehúye" a sus responsabilidades, pero primero debe determinarse si las hay, y más tomando en cuenta que se trata de un caso de 2009.

Mientras tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo que la jueza que intervino, Isaura Tórtora (que por entonces se desempeñaba en Rivera y actualmente lo hace en Pando) "actuó de la forma en que el fiscal pidió" y eso "ata al juez" porque "no puede seguir adelante con un procesamiento si el fiscal entiende que hay que archivar la causa". También comentó que aún no tiene claro por qué no se aplicó "la presunción de violencias y amenazas que establece el Código para las menores de 15 años", donde allí se invierte la presunción y el acusado debe probar que hubo consentimiento del menor.

Parlamento

La diputada colorada Cecilia Eguiluz reclamó al Estado que cumpla con "sus responsabilidades en la protección a las víctimas de violaciones intrafamiliares, incestos y violación de los Derechos Humanos de los menores que son abusados", según escribió en su blog.

"Se han detectado serias omisiones que han permitido que menores sigan siendo abusados en forma reiterada cuando organismos como el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y el INAU estaban en conocimiento de lo sucedido".

"Para completar las omisiones a la protección de los menores abusados en el seno familiar, el Poder Ejecutivo envió una propuesta de eliminar el delito de Incesto del Código Penal, eliminarlo, no sustituirlo. Nos oponemos firmemente a eso. ¿Cuál es el mensaje a los violadores de sus hijas e hijos o cualquier menor de la familia? ¿Cuál es el mensaje a la sociedad que una y otra vez conoce que hay niños violados por sus mayores y los agresores siguen libres y conviviendo con ellos?", se preguntó la legisladora. Opinó que el Frente Amplio pretende legislar "en base a estadísticas" y que retirará un delito porque hay pocos casos. "Así no se protege a las víctimas" dijo a El Observador.

En los argumentos del gobierno enviados al Parlamento se afirmó que el incesto, "ha sido imposible de castigar desde que se sancionó el Código" por la referencia al escándalo público.
Eguiluz convocó a la comisión de Derechos Humanos a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y a las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que en su opinión "estuvieron omisos". Además, la semana pasada cursó pedidos de informes a la Suprema Corte de Justicia para que le informen cuántos procesamiento hubo por incesto en los últimos 10 años. Otros pedidos fueron para el Mides y el INAU a los que la diputada preguntó qué seguimiento hicieron del caso de Rivera. Eguiluz dijo a El Observador que empezó a redactar un proyecto de ley que mantiene el delito de incesto y da garantías a las víctimas para que hagan las denuncias.