Denuncia penal del FA por Katoen Natie apunta contra cuatro jerarcas por presuntos delitos “graves”

“En la tesis del FA, aquí se han configurado una serie de delitos muy graves, formas de actuar que son ilegítimas. Trae una serie de perjuicios que hoy estamos viviendo”, dijo Carrera. Y afirmó que hay 700 familias que perderán sus ingresos, más allá de otros “perjuicios que se van a constituir”. “Hoy el país inició, a partir de este acuerdo, un derrotero en materia política-portuaria. Hay un perjuicio enorme para el país”, expuso, y apuntó que hay jerarcas que “se apropiaron” de las decisiones “sin pasar por el directorio”.

“Hay usurpación de funciones, hay falsificación ideológica y lo podemos comprobar documentalmente. Hay decretos en los que se dijo que se habían tomado los recaudos como marca la ley, haber preguntado previamente a la Administración Nacional de Puertos (ANP). Y nosotros podemos comprobar que la consulta a la ANP se realizó luego que fue presentado públicamente el decreto de atraque de buques”, agregó el senador.

La denuncia apunta directamente contra cuatro jerarcas que participaron del acuerdo "perjuicioso" y que son: Luis Alberto Heber –ministro del Interior y exministro de Transporte–, Rodrigo Ferrés –prosecretario de la Presidencia–, Juan Curbelo –presidente de la ANP– y Juan José Olaizola –subsecretario de Transporte y Obras Públicas–. "Es un documento, un acuerdo infirmable para cualquier persona del derecho privado. No se puede disponer así de los patrimonios. Nadie lo firmaría pero gestionando recursos públicos es inadmisible este acuerdo para el país”, apuntó Carrera.

La denuncia la tomará el fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner. Carrera afirmó que con esta denuncia el FA no está “judicializando la política”. “Lo que estamos haciendo es dar cuenta de una situación que culmina con esta denuncia porque es un hecho muy grave y perjuicioso para el país”, concluyó.

La discusión por el tema se remonta a marzo de este año, cuando el presidente Luis Lacalle Pou anunció ante el Parlamento que su gobierno alcanzó un acuerdo con la empresa belga. Allí, según expuso, Katoen Natie desistía de encarar un juicio internacional contra Uruguay y se comprometía a realizar una inversión de US$ 460 millones en los próximos años, a cambio de la extensión hasta 2081 de la concesión.

Es así que el gobierno extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, en su mayoría operada por Katoen Natie. El tema derivó en una investigación por parte del Frente Amplio, una interpelación y discusiones en comisión, en el Poder Legislativo, además de la reciente denuncia penal.