22 de noviembre de 2026 5:00 hs

Esta semana empezó el juicio contra el exsenador del MPP Charles Carrera y le pregunta que más me han hecho es “¿Lo van a condenar?, ¿Irá preso?”. Es una pregunta difícil de responder. La decisión recaerá en el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante, el año que viene cuando el juicio llegue a su fin y haya escuchado los testimonios de los más de 80 testigos propuestos por las partes.

A su vez, al tratarse de un caso con gran contenido político -Carrera es uno de los principales dirigentes del MPP y su denunciante fue el blanco Luis Alberto Heber- resulta muy fácil tomar partido si la visión está teñida por la camiseta política. En esta entrega de la newsletter EnClave, te voy a hablar de la estrategia de la fiscalía y la defensa para demostrar que Carrera cometió o no cometió delito.

Daño patrimonial al Estado o acción humanitaria

El juicio contra Charles Carrera tiene su origen en un hecho escandaloso. Una fiesta más de las que, según los vecinos, se hacían frecuentemente en la casa del subcomisario de La Paloma Marcos Martínez, pegada a la comisaría, terminó trágicamente. Según relataron testigos en el juicio, los vecinos apuntaron a que corría alcohol, drogas y balas, ya que jugaban al tiro al blanco, al punto que comentaban que en algún momento pasaría una desgracia.

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Y ocurrió. Una bala perdida alcanzó la espalda de Víctor Hernández, que entonces tenía 28 años, la noche del 12 de noviembre de 2012, y lo dejó parapléjico. Hubo omisión de asistencia a la víctima ya que los policías apagaron la música y las luces y se encerraron sin ayudarlo, no se conservó la escena del hecho.

Luego hubo una pericia negligente y el silencio rotundo de los involucrados que se cerraron en banda para no contar lo que había sucedido. Todo ello impidió probar que la bala provino de allí y responsabilizar a los culpables y a sus cómplices. Ello también derivó en que se desestimara la demanda civil que la víctima le hizo al Ministerio del Interior. Antes de que se le hiciera un sumario, Martínez pidió pase a retiro y su responsabilidad quedó impune.

Según declararon los Hernández este lunes (la víctima y su hermano), el Ministerio del Interior con el fin de “tapar la cagada” los internó tres años y medio en una habitación del 5° piso del Hospital Policial, lo alimentaron y le dieron durante ese tiempo tickets mensuales por $20.000. Además cada fin de año y varios fines de semana, Víctor y Daniel Hernández eran trasladados en camionetas del Ministerio del Interior a La Paloma. El costo calculado por las autoridades por su internación y servicios médicos externos fue de $ 5.214.668 que al valor de 2023, cuando se hicieron los cálculos llega a $9 millones.

Daniel Hernández declaró que en todas esas atenciones comprendieron que había un reconocimiento tácito de encubrimiento. Además mencionó que en la famosa reunión que él grabó, con Carrera, el abogado del ministerio y Stella González, el entonces director de Secretaría le dio los expedientes para iniciar una demanda civil, le dijo que “había mucha plata para agarrar”, lo que le “pareció rarísimo”.

En 2022, luego de que Hernández abordara al entonces ministro del Interior en La Paloma y le contara lo sucedido, Luis Alberto Heber ordenó una investigación administrativa. El informe de las directoras de Contencioso y Litigio de Jurídica del MI detectó que la orden de entregarle los tickets la firmó Carrera y entendieron que había “apariencia de irregularidades” por lo que sugerían una investigación administrativa más profunda y “en caso de darse por instruido” la realización de denuncia a Fiscalía.

Heber se agarró de esa frase para presentar la denuncia sin esperar a que concluyera la investigación administrativa. Al declarar este martes dijo que la directora de Contencioso Silvia Carabajal le “sugirió hacer la denuncia”.

Después de Heber pasó al estrado Carabajal, quien sostuvo que tener autonomía técnica es distinto a tener independencia, ya que como funcionaria está sometida a la jerarquía de las autoridades políticas. Por eso dijo que cada vez que le pedían ampliar la denuncia pedía que le dieron la orden “por escrito”.

El caso pasó por tres fiscales –Ricardo Lackner, Silvia Porteiro y Sandra Fleitas-. Ante la insistencia de Carrera de que se resolviera su situación ya que habían pasado dos años desde presentada la denuncia, en setiembre de 2024 la fiscal Porteiro pidió el desafuero del senador alegando que lo indagaba por abuso de funciones. Carrera renunció a la banca y renunció a postularse como senador en las elecciones de octubre.

Porteiro pidió ser trasladada y en mayo de 2025 dejó la fiscalía que pasó a cargo de Fleitas (una fiscal con fama de ser resolutiva y de ir para adelante y más si se la compara con sus predecesores). En un mes, Fleitas estudio el caso y pidió la imputación del exsenador por fraude, uso indebido de información privilegiada y falsificación ideológica de documento público pero ese delito quedó por el camino luego de la apelación de Carrera. El tribunal lo desestimó tras señalar que era confuso si se le adjudicaba por haberlo registrado como funcionario policial en la historia clínica o en los recibos del pago de tickets, y confirmó los otros dos delitos.

La Fiscalía, que lo llevó a juicio, lo acusa de usar recursos del Estado y haber causado un daño patrimonial a la Administración por haber mantenido internado a Herández desde el 27 de julio de 2013 a diciembre de 2016, otorgado un beneficio a un particular que no estaba habilitado legalmente a recibirlo.

Se basa en que las normas solo habilitan a que los policías, o sus familiares en casos excepcionales, reciban atención en el Hospital Policial y Víctor Hernández no estaba habilitado a percibir esa atención por ser civil y no tener ningún vínculo con un policía.

Junto con ese delito, la fiscal lo acusa de haber hecho uso indebido de información privilegiada porque como director de Secretaria del Ministerio del Interior tenía acceso a información reservada y sabía de la existencia del remanente en la canasta de fin de año destinada a funcionarios. Así fue que, afirmó, incurrió en “desviación de poder” dictando actos contrarios a la normativa vigente para obtener un provecho económico para un tercero en perjuicio del Estado al entregarle esos $ 20.000 mensuales durante los tres años y medio.

La fiscalía tendrá la carga de demostrar que la internación de Hernández fue ilegal y le generó un perjuicio económico al Estado. Pero además tendrá que probar que existió en la conducta de Carrera la intención de cometer ese delito por eso apunta a que se intentó tapar la internación de Hernández.

Con el fin de probar el delito, llamó a declarar a 24 testigos de los cuales ya pasaron diez esta primera semana. Con su interrogatorio la fiscal intenta corroborar la ilegalidad de las decisiones tomadas por el Ministerio del Interior y que la orden la dio Carrera. Por eso consideraban una prueba importante la grabación clandestina de Daniel Hernández al jerarca, y como fue desestimada, aprovecharon a preguntarle a él mismo, que había participado, si en esa reunión Carrera dijo que lo que estaban haciendo “era justo pero no acorde a derecho”.

Cuando Hernández lo admitió lo celebraron como un gol pero eso fue objetado por la defensa que cada vez que mencionan el contenido de la reunión les recuerda que la grabación fue dejada afuera. El juez Asteggiante les dio la razón a la defensa.

Audiencia por el juicio oral y público a Charles Carrera

Audiencia por el juicio oral y público a Charles Carrera

Una defensa bien armada que se agarra de algunos vericuetos legales

La fiscalía tiene en este caso un contrincante bien armado.

Por un lado, Carrera ha intentado desde el principio llevar su caso al plano político. Ha sostenido que fue una causa armada por Heber y hasta denunció a Fleitas de sumarse a la campaña, lo que no encontró eco en Fiscalía.

Su defensa también sumó esa línea en la estrategia y cuando declaró Heber intentó evidenciar su intencionalidad política en la denuncia. Por ello el abogado Juan Manuel González le presentó un chat del exministro con Hernández en el que le decía que encontró “una punta interesante”. Cuando le tocó interrogar a Heber, el abogado insistió en preguntarle si esa punta era que iba a denunciar a Carrera y si la respuesta que tenía para “ayudar” a una víctima que no había encontrado justicia por aquel hecho desgraciado era denunciar a Carrera. Heber dijo que quería demostrar que él no estaba para tapar nada y quería que se investigara a fondo.

La defensa insiste también en que Carrera no dio la orden para que Hernández se atendiera en el Policial porque sólo podía hacerlo el director de Sanidad Policial y que la orden salió del ministro Eduardo Bonomi, junto con la entonces directora de Asuntos Internos Stella González, quien se había preocupado por el tema. En la contestación a la acusación la defensa dijo que “Bonomi, con apoyo de Stella González ordenó consultar al director de Sanidad Policial, Anzalone y este brindó la autorización especial.

Como al declarar González este martes se mantuvo en que ella no gestionó esa internación y dejó en una nebulosa que el ministro lo supiera, la defensa intentó desacreditarla.

En un momento le preguntó si era indagada en otra causa. Como lo negó, el defensor le preguntó directamente si estaba indagada en la causa de la fuga de Morabito. “No que yo sepa”, dijo ella. Traducido a la estrategia defensiva, lo que le estaba tratando de evidenciar González Rossi es que la exdirectora de Asuntos Internos puede haber negociado con la fiscalía declarar en este juicio contra Carrera a cambio de no ser imputada en aquella causa que también es indagada por Fleitas. También le recordó que en este mismo caso era indagada y pasó a la calidad de testigo.

La defensa ha estudiado exhaustivamente la normativa que rige para este caso y conoce al dedillo todas las “autorizaciones especiales” que se han dado en el Hospital Policial y asegura que aunque ha habido muchos otros casos sólo se ha optado por denunciar a Carrera.

También niega que se haya ocultado o tapado la atención a Hernández ya que el mismo firmó los documentos y que se “buscó optimizar recursos existentes para cumplir de la mejor manera con el interés general”, de indemnizar a una posible víctima de daño con esos tickets que “estaban por vencerse”.

El vericueto jurídico del que se agarra es que desde 2010 existe la Rieps (Red Integrada de Efectores Públicos de Salud), que se votó en la ley de presupuesto de ese año, que habilita un intercambio entre efectores del sistema de salud público y que Hernández como usuario de ASSE (venía del Clínicas) estaba habilitado a atenderse en el Policial.

Por último, respondo a la pregunta que me han hecho. Difícilmente un hecho de este tipo tenga como consecuencia prisión efectiva por lo que sí se puede afirmar que aunque se llegue a una condena, no habrá cárcel. Ningún primario cumplirá cárcel por un hecho de corrupción pública, a lo sumo prisión domiciliaria bajo el régimen de libertad a prueba.

Pero antes de eso, el juez Asteggiante tendrá la compleja tarea de dirimir si en este caso pesó más la intención de reparar una injusticia cometida por funcionarios policiales o la violación deliberada de las normas. Recién el año que viene, cuando terminen de desfilar los más de 80 testigos, sabremos si para la Justicia lo que hizo Carrera fue un acto de humanidad mal instrumentado o un delito contra la administración pública.

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