Despunta el ocaso de la impunidad
La presunción de impunidad que genera el ejercicio del poder político es una ilusión frágil en la época actual
La presunción de impunidad que genera el ejercicio del poder político es una ilusión frágil en la época actual. Acaba de confirmarlo, entre otros muchos casos recientes, la caída de Julio de Vido, el pez gordo número dos de
Argentina, después de los Kirchner. La corrupción en el Estado, sustentada en la creencia de gobernantes de estar por encima de la ley y la honestidad, es una claudicación frecuente en muchas partes del mundo y ciertamente en nuestra región. Proliferó en la época en que las dictaduras que abundaban en
América Latina manejaban a su antojo los países, sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero la heredaron sin rubores gobiernos legítimamente electos o que han presumido de democráticos, como ha sido el caso en Argentina,
Brasil, Venezuela y otros países.
De Vido marchó a prisión acusado de, bajo la égida de sus jefes Kirchner, primero Néstor y luego Cristina, ser el operador principal en el saqueo financiero de su país, con gigantescos negocios ilegales para enriquecimiento personal y de todo el entorno kirchnerista. Ahora fue encarcelado por orden de dos jueces, en casos que involucran denunciada malversación por muchos miles de millones de dólares. Su detención quedó habilitada después que la Cámara de Diputados que integraba lo despojó de la protección de los fueros parlamentarios, en una sesión a la que no asistió el bloque kirchnerista. Nadie lo defendió, ni la expresidenta que fuera su jefa, ni los gobernadores provinciales peronistas, sus antiguos aliados, a los que les pidió apoyo a último momento pero que le dieron la espalda para desentenderse de la debacle.
La limpieza argentina ya ha llevado a la cárcel a otros muchos pesos pesados, incluyendo a su número dos en el todopoderoso Ministerio de Planificación, José López (el de las bolsas nocturnas con los millones en un convento), a su mano derecha Roberto Baratta, a Lázaro Báez y a otras muchas figuras turbias de la era kirchnerista. Igual barrida ocurre en Brasil, donde la casi totalidad del sistema político está involucrado en casos de corrupción, con exministros y grandes empresarios encarcelados. El expresidente Lula da Silva está condenado a nueve años de prisión y el presidente Michel Temer ha sido acusado por la Justicia, todos como parte del entramado del Lava Jato, el escándalo desatado en Petrobras, Odebrecht y otras poderosas empresas.
La corrupción en Venezuela se equipara con la de Haití, aunque el control dictatorial del presidente chavista Nicolás Maduro impide por ahora la investigación y el castigo. El presidente boliviano Evo Morales ha sido denunciado por actos corruptos, como ocurre con expresidentes en Perú y Ecuador. Uruguay no ha escapado a las denuncias de traspiés delictivos, no menos censurables por la comparativa modestia de las sumas involucradas, excepto por los negocios de ANCAP que investiga la Justicia. Van desde el uso indebido de tarjetas de crédito hasta una minúscula factura por una cena en una parrilla, contratación de servicios en hospitales públicos o trasiego de combustibles en una intendencia. Todo apunta a que llega el ocaso de la corrupción impune en el ejercicio de la función pública, estentórea advertencia que ignorarán a su riesgo tanto los jerarcas de moralidad débil como sus cómplices en otros sectores.
