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La Dirección General Impositiva (DGI) y la Cámara de Zonas Francas analizaron este lunes la forma de controlar los aportes que desarrollará el organismo recaudador.

La reunión “fue positiva y muy cordial”, dijo el director de Rentas, Pablo Ferreri a El Observador, quien destacó que ambas partes apuestan “a la transparencia”.

“La mejor forma de defender el régimen de zona franca, que es muy útil para el país, es protegiendo al sistema de los malos usuarios”,comentó Ferreri.

La DGI concluyó la semana pasada la primera etapa de un operativo de fiscalización en todas las zonas francas, que implicó reliquidaciones de impuestos por US$ 22 millones.

Ese dinero deberá ser abonado por 27 empresas, usuarias de zonas francas, que utilizaron el régimen de exoneración para fines ajenos a lo amparado.

Ferreri dijo a El Observador que continúa el análisis de datos y habrá más citaciones a empresas que operan en zonas francas.

El jerarca también rechazó las declaraciones del titular de la zona franca de Florida Calachi para quien la DGI parece una agencia inmobiliaria que favorece a las zonas francas de Montevideo.
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