DGI detectó evasión impositiva en zonas francas por US$ 22 millones
El recaudador reliquidó impuestos a 27 “sociedades de papel” y no descarta acciones penales
La Dirección General Impositiva (DGI) concluyó la primera etapa de un extenso operativo de fiscalización en las zonas francas, que llevó a la reliquidación de $ 400 millones –el equivalente a US$ 22 millones al tipo de cambio actual– a un primer grupo de 27 empresas que utilizaron el régimen de exoneración para fines ajenos a lo amparado por la legislación.
Una vez que finalice la investigación y los responsables comparezcan, se determinará en cada caso puntual si se trata de evasión o hay delitos por defraudación, en caso de constatarse la intencionalidad por parte de la empresa de eludir el pago de tributos. En el mismo sentido, la DGI podrá recurrir a la vía judicial si no se logra un acuerdo para el pago de la diferencia entre lo erogado y la reliquidación presentada.
De ahí que el monto que ingrese al organismo por esta primera etapa del operativo puede aumentar hasta 15 veces –el equivalente a US$ 380 millones– por multas y recargos. Ferreri señaló que en algunos de los 27 casos “puede haber denuncias penales por clara intencionalidad”.
Según dijo a El Observador el jerarca, las empresas a las cuales el organismo recalculó sus impuestos están asociadas muchas de ellas a comercios mayoristas proveedoras a nivel local, entre las cuales se encuentran empresas medianas y grandes.
“Se trata de una maniobra constatada”, aseguró Ferreri. Las sociedades en zona franca actúan como una pantalla. Solicitan la mercadería al exterior pero no la reciben. En cambio, la que obtiene los productos importados es una empresa local, fuera del régimen, que endosa la factura a nombre de su socia dentro del régimen, a fin de evadir la carga fiscal correspondiente a la operación. La maniobra se repetía en los 27 casos en proceso.
“No estamos cuestionando la actividad de los usuarios de zona franca, porque en este caso los usuarios no existen. Se les atribuye rentas pero en realidad esas rentas son generadas por otra empresa que no goza de la exoneración”, explicó Ferreri.
Se trata de “sociedades de papel”. Son establecimientos latentes, sin actividad, donde no se registran –o son muy escasos– pagos al personal ni gastos operativos y sus costos no superan los cánones.
“Es tan clara la operativa y su ilegalidad, que en los primeros ocho días desde su notificación, recibimos cartas de 10 de los 27 citados aceptando los impuestos reliquidados y proponiendo un plan de pago”, expresó Ferreri.
En los últimos años la DGI realizó un proceso de recopilación de datos y estadísticas vinculados con la actividad individual de las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, correspondientes al período 2005-2008.
Según cifras del organismo, entre 17% y 26% de los establecimientos tienen un bajo nivel de actividad. Dentro de ese grupo, la DGI cruzó datos de 600 empresas pertenecientes a todas las Zonas Francas del país y seleccionó 150 para una investigación más a fondo.
Continúan acciones
Concluida la primera instancia del operativo, la Impositiva seguirá recavando datos sobre las restantes empresas que conforman el grupo de 150 a estudio.
“Estamos frente a operativas que mal utilizan las zonas francas”, enfatizó Ferreri durante la conferencia de prensa.
Para el jerarca, el régimen es “legítimo, útil y beneficioso para el país”. Por eso, señaló, la DGI debe “protegerlo” a través del “combate a la evasión y a la competencia desleal”.
Respecto a las sanciones que serán aplicadas, Ferreri remarcó que la administración tributaria velará porque “la ley se cumpla para todos” pero que con “aquellos contribuyentes de gran porte, que tienen la posibilidad de contratar los mejores asesoramientos técnicos de plaza y no los utilizan para generar negocios genuinos, sino para poner esa arquitectura al servicio de la evasión de impuestos”, el fisco será “especialmente estricto”.
