La Dirección General Impositiva (DGI) solicitará clausuras y analiza denunciar penalmente a un conjunto de restaurantes de Punta del Este por la emisión de doble juego de facturas, con el objetivo de declarar al fisco ventas por debajo de lo real, informó a El Observador el director de Impositiva, Pablo Ferreri.
Las actuaciones de la administración tributaria se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo, luego de detectar en los operativos de verano "fuertes indicios" de doble facturación en varios restaurantes de Punta del Este, La Barra y Manantiales.
Dichas anomalías motivaron procedimientos de fiscalización "intensivos" sobre 53 establecimientos gastronómicos, todos ellos "con mediano y gran volumen de ventas", además de allanamientos con asistencia policial en imprentas de Maldonado y Montevideo por la confección de doble juego de facturas.
El director de Rentas dijo que todavía no está determinado el monto de la evasión ni el número de restaurantes que serán clausurados, aunque existe la certeza de que se incurrió en defraudación tributaria.
Los operativos demandaron la participación de "más de una docena" de funcionarios especializados en el rubro gastronómico, agregó Ferreri. Las acciones fueron apoyadas con información obtenida a través de las nuevas herramientas de georreferenciación e indicadores de riesgo, agregó.
Los indicios detectados habilitan la solicitud de clausuras a la Justicia, mientras se estudia la posibilidad de presentar denuncias penales.
"Para nosotros en este caso hay un claro factor de competencia desleal, donde los comerciantes utilizaban doble juego de facturas y obtenían mediante la evasión de impuestos ventajas competitivas", sostuvo Ferreri.
El operativo es una continuación de la fiscalización de temporada realizada por la DGI en los meses estivales en balnearios del este del país, cuando se realizaron 3.300 inspecciones. En esas instancias, se determinó la fijación de unas 800 garantías tributarias para comercios de temporada o "golondrinas", que redituaron a Impositiva adelantos en el pago de impuestos por $ 100 millones.
A eso se sumó la reliquidación posterior en función del nivel de actividad que aportó una cifra similar a las arcas públicas.
Además, en esas inspecciones se identificaron irregularidades formales que determinarán la solicitud de más de 30 pedidos de clausura para la próxima temporada, junto con la detección de alrededor de 50 comercios no inscritos ante la DGI.
