Diputados siguen adelante con el juicio político al senador De León y lo convocan a hacer sus descargos

El pasado miércoles 6 de junio, los diputados de la comisión decidieron dar vista a De León de la acusación de Iturralde, para que pueda realizar los descargos que considere pertinentes, ya sea por escrito o por persona. Durante la discusión, la bancada del Frente Amplio pidió un cuarto intermedio de cinco minutos, pero a la vuelta apoyó el planteo de la oposición.

Aunque la Justicia archivó las denuncias contra De León –acusado de uso indebido de las tarjetas corporativas durante su presidencia en ALUR– tres constitucionalistas consultados por la comisión señalaron que el juicio político puede continuar. "Independientemente de la responsabilidad penal del senador De León, lo que juzga el juicio político es la responsabilidad político-penal de los legisladores y gobernantes", dijo el 9 de mayo el titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República, Ruben Correa Freitas.

De acuerdo al artículo 93 de la Constitución, "compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, (...) por violación de la Constitución u otros delitos graves".

Según explicó otro de los constitucionalistas consultados, Martín Risso, los "delitos graves" pueden ser aquellos sobre los cuales recae pena de penitenciaría, mientras que otra interpretación –que "ha venido ganando espacio– sugiere que el delito es "grave" si "guarda relación directa con el funcionamiento del Estado de derecho y el ejercicio honesto del cargo de gobernante".

"Si un funcionario, manejando la caja chica, se queda con $ 500, ese delito no será grave, pero si eso lo hace un ministro, va a ser extraordinariamente grave en lo que refiere al ejercicio honesto del cargo", ilustró Risso.

Bajo esa interpretación, la acusación de Iturralde, que denuncia gastos indebidos con la tarjeta corporativa, es pasible de juicio político.

Según explicaron los constitucionalistas, el plenario de la Cámara de Diputados es quien debe decidir (por mayoría simple) si acusa o no a De León ante la Cámara Senadores. Es decir, los diputados actúan como fiscales y los senadores como jueces. Para imponer la destitución de un legislador, la Cámara Alta requiere dos tercios de los votos.

Además, Risso señaló que habiéndose tramitado la solicitud de juicio político, la Cámara de Representantes debe pronunciarse al respecto, más allá de lo que surja de la comisión.

Por último, los expertos también coincidieron en que De León debía ser notificado para poder presentar su defensa ante la comisión de Constitución, donde se está discutiendo el asunto. Tomando ese consejo de los juristas, los diputados resolvieron dar vista al senador de la 711, poniendo en marcha un proceso que, según reconocen, tiene pocos antecedentes.