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La semana próxima, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se trasladará hasta el Palacio Legislativo. Allí, será recibida por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que por estos días está estudiando un proyecto de ley que prevé la creación de un fondo de garantía de los créditos laborales en caso de insolvencia patronal.

El texto –presentado por los diputados frenteamplistas Luis Puig y Carlos Reutor– estipula que una de las fuentes de financiamiento de este fondo sea una "contribución especial" realizada por los empleadores. Este aporte, según el proyecto que está siendo analizado, será "de hasta 0,5% de todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores".

El presidente de la gremial industrial, Washington Corallo, dijo a El Observador que la iniciativa "es algo que no le hace bien al país en este momento". Desde abril del año pasado la actividad industrial está cayendo en Uruguay, de acuerdo al último dato disponible de agosto, difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Corallo sostuvo que "no ha sido la regla" que los empresarios cierren sin responsabilizarse por los créditos laborales que adeudan a los trabajadores. "Por una excepción no se puede generalizar una regla", dijo.

Además, hizo mención a lo inconveniente que sería sumar un costo más a los bolsillos de los empresarios ahora, y añadió que pegaría en la competitividad de Uruguay. También se mostró disconforme con el porcentaje de aporte propuesto en el proyecto de ley. A su entender, "no tiene sentido recaudar 10 si el problema es 1".

"El porcentaje (de aporte) tampoco refleja la realidad", señaló el empresario.
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