A instancias del presidente José Mujica, un equipo del Poder Ejecutivo integrado por los ministerios de Economía y Transporte, Presidencia, la Administración de Ferrrocarriles del Estado (AFE) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) comenzó a trabajar el martes para buscar una fórmula legal que permita reactivar el tren de carga.
Esa instancia surgió tras la reciente gira que encabezó el primer mandatario a China, donde se recibió una oferta concreta por parte del Banco de Desarrollo de este país para financiar la reactivación del ferrocarril en Uruguay en el corto plazo. Como contrapartida, el gobierno asiático exige que sea una empresa china quien desarrolle la obra civil de la reactivación. Asimismo, China pretende que el financiamiento se otorgue al Estado uruguayo directamente y no a una empresa en particular.
Precisamente, para que China pueda financiar la reactivación de ferrocarril se requiere un “análisis medular en tres gran aspectos”, explicaron a El Observador fuentes al tanto de las negociación. En primer lugar, un punto sobre el cual ya se avanzó en gestiones bilaterales que realizó el gobierno con una empresa especializada en este tipo de obras de infraestructura, que refiere a la utilización de mano de obra local para ejecutar la mayor parte de la restauración de las vías férreas.
El segundo punto de análisis consiste en determinar “cuánto” impactará el financiamiento del Banco de Desarrollo de China en el déficit fiscal en el corto plazo, explicó la fuente. Si bien ya existe un memorándum de entendimiento con el organismo financiero, aún resta definir los plazos y la tasa de interés que tendrá el crédito. Hace pocos días, el presidente de AFE, Jorge Setelich, dijo que se requiere invertir como mínimo US$ 800 millones para procesar una reestructura del ferrocarril en Uruguay.
El tercer aspecto que debe resolver el equipo que designó el presidente Mujica es la fórmula jurídica a través de la cual se llevarán adelante las obras, de forma que no se trate de “una adjudicación directa”. “Eso iría contra la reputación que tiene el país en el exterior”, explicaron.
Una de las posibilidades es que en el marco de la ley de Participación Pública-Privada (PPP) se ofrezca algún mecanismo para que la empresas chinas que están interesadas en la obra puedan participar. De todas formas, la fuente indicó que deberá ser un “proceso competitivo” para cumplir con las normas jurídicas del Estado. “Hay una fuerte probabilidad de que los chinos acepten un proceso competitivo. Se van plantear todas las opciones. La más factible es que sea un llamado PPP”, adelantó el informante.
