El 10% de la superficie de Montevideo está ocupada ilegalmente
La intendencia responsabiliza a la Justicia por la inacción y el Presupuesto le otorga más armas legales a las comunas
Un grupo de casi 60 personas llegó en junio a la zona del Parque Guaraní (Maroñas), levantó ranchos de chapa y madera y depositó allí sus pertenencias sin pedir permiso alguno. Los propietarios del terreno y la intendencia presentaron la denuncia por la usurpación de propiedad privada y pública ante la Justicia hace más de un mes, pero el juez aún no se ha pronunciado. Ahora los visitantes no tienen intención de irse.
Esta situación es habitual en una ciudad como Montevideo donde 2 mil de las 20 mil hectáreas que hacen a la capital son ocupadas de manera ilegal, dijo a El Observador el director de la división de Tierras y Hábitat de la intendencia, Daniel Espósito.
El responsable aseguró que la situación es "preocupante" incluso para Canelones y Maldonado pero que las intendencias no tienen competencia de garantizar los desalojos, no por falta de inspecciones o denuncias, sino por la "ausencia de actuación policial y judicial".
Según Espósito, "cuando se produce una ocupación lo peor que puede ocurrir es que pase uno o dos meses sin que intervenga el juez" porque garantiza el asentamiento de los extraños. Sin embargo, aseguró que cada vez es más habitual que los jueces se pronuncien con tardanza o que directamente nunca lo hagan.
La llamada que no llega
El control de territorios o edificios ocupados corre por cuenta de los centros comunales. Estos se ocupan de elevar las denuncias a la intendencia, encargada luego de presentar el caso ante la Justicia.
De constatarse la ocupación, el juez encomienda a la Policía la identificación de los individuos y el anuncio de retiro. Si esto no ocurre, el juzgado debe procesar a los responsables y desalojar el lugar. "Eso se resuelve con una simple llamada dando la orden y sin embargo no pasa", aseguró Espósito.
"Hemos tenido problemas en los juzgados donde los jueces no han acatado prontamente (...) algunos jueces ni siquiera intervienen o lo hacen tan tardíamente que después ya se desconsolida. Frente a esa situación, es muy poco lo que la intendencia puede hacer", agregó.
Al día de hoy, la intendencia se ocupa de controlar la ocupación en edificios y predios municipales. Además, intima y aplica multas a los dueños de predios privados que no estén correctamente vallados o limpios como forma de prevenir futuras ocupaciones, expresó Espósito.
Sin embargo, de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto presentado el lunes por el Poder Ejecutivo, también será obligación de las intendencias impedir la ocupación, construcción y fraccionamiento de inmuebles privados que no estén autorizados para urbanizar o edificar.
Espósito dijo que, además de la ausencia judicial, a estos casos se suman las situaciones particulares y de difícil control que trascienden al abandono de los edificios y terrenos. "Hay un montón de situaciones jurídicas algunas de ellas complicadas (deudas, estafas, etc.)" que exceden al poder de la intendencia y que requieren la intervención de la Agencia Nacional de Vivienda, señaló.
Aun así, a primera vista, la nueva ley brindará un apoyo a las comunas al exigir plazos de acción más cortos. Al recibir la denuncia de la intendencia, el juez debe decretar la "suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes". Si en los cinco días siguientes al anuncio la situación permanece, el juez dispondrá el ingreso al predio para proceder con la "inmediata demolición de las construcciones levantadas" de manera ilegal.
Realojos
La intendencia y el Ministerio de Vivienda (Mvotma) trabajan en conjunto en la redacción de un proyecto para la construcción de viviendas en las que realojar a los ocupantes. Según dijo Espósito, se prevé la construcción de 1200 viviendas dispersas en 30 distintos barrios durante el periodo de gobierno.
Se priorizarán aquellos casos de realojos de viviendas que estén ubicadas al margen de cañadas y arroyos, así como las que se encuentren expuestas a altos niveles de contaminación y las que deban ser trasladadas como consecuencia de la aperturas de nuevas calles.
Si bien esa es la propuesta, Espósito dijo que la confirmación del proyecto dependerá del presupuesto final que se designe al ministerio y la intendencia.
