El adversario interior

En febrero de 2010, durante un pico de conflictividad, trascendió que la automotriz Chery analizaba trasladar parte de su producción hacia Brasil ante el panorama laboral desfavorable.

En el correr del año, otras empresas elevaron la misma preocupación ante el Poder Ejecutivo. En Bimbo se advirtió que la seguidilla de paros afectaba la producción de la industria panificadora, en especial la zafra de elaboración de productos navideños.

A Effa Motors, armadora de Lifan, le tocó el turno en setiembre de este año. Su dueño, Eduardo Effa, aseguró que las trabas a la importación impuestas por Brasil son un problema, pero no más grande que el bloqueo del sindicato. “La gente simplemente no trabaja y listo. Yo hoy estoy abriendo dos fábricas en Brasil. Si hubiera funcionado distinto, hoy en Uruguay tendría 2.000 funcionarios y no los tengo porque no me lo permitieron, porque con ese sindicato no me animo”, había declarado a El Observador.

El líder metalúrgico y dirigente comunista Marcelo Abdala le devolvió la acusación. “Toda crítica a la productividad en este país es una autocrítica de los patrones”, definió, en referencia a que la contratación de personal, como cualquier ítem de organización laboral, le compete a la dirección de las empresas.

El contador Fernando García, socio de la consultora Auren, toma estos avisos “como alharaca, bulla, pamento”, dado que no es lo mismo que provengan del que ya está instalado que del que está por invertir. “El que ya invirtió se tiene que fumar la cosa. No es tan fácil salir”, dijo a El Observador. Para García, el retiro es la última alternativa; antes de eso, podrá estar reacio a realizar nuevas inversiones o reducir su dependencia de mano de obra. Y, lo más razonable, es que le parezca más barato resolver el conflicto que cerrar un negocio que, en condiciones normales, funciona bien. Auren no ha recibido ninguna consulta específica por inestabilidad laboral pero sí por carga fiscal, en especial del sector agropecuario por el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y por la eliminación del ficto en el IRPF por la venta de campos. En este sentido, Eugenio Xavier de Mello, director del Departamento de Derecho Comercial y Bancario en la Universidad Católica (UCU), indicó que “mientras los conflictos laborales no superen ciertos márgenes, tanto en frecuencia como en extensión, quienes ya realizaron una inversión tenderán a mantenerla”.

Sin embargo, sí han llegado planteos a KPMG. En particular, el socio del área de consultoría, Rodrigo Ribeiro, informó que el CEO de una empresa portuguesa que pretende instalar una planta “de elevado nivel tecnológico” está preocupado por el nivel de conflicto sindical. “Al visitar a uno de sus potenciales clientes, justo los trabajadores estaban de paro”, relató.

El impacto económico de las medidas sindicales radicales sobre las empresas y sobre las inversiones es difícil de estimar. Ningún académico ni ninguna consultora han hecho el cálculo. Ni siquiera Oliveros ha sacado la cuenta de las pérdidas que la huelga le ocasionó al sector metalúrgico. “Si para la refinería de ANCAP se calculó una pérdida de US$ 100 mil por día, debe ser una cifra infinitamente superior”, comentó.

Tampoco Otegui pudo precisar una cifra cuando se paraliza la construcción. La única estimación posible cae en el terreno de la adjetivación. Para Xavier de Mello, las ocupaciones y los piquetes “asestan un severo golpe a la ecuación económica” de las empresas.

Relaciones complejas
En una conferencia organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), el gerente general de Montes del Plata, Erwin Kaufmann, declaró que la conflictividad laboral en el país “va más allá de lo que uno consideraría normal”, al tiempo que señaló que es uno de los elementos que más preocupa a los inversores y a los proveedores. “El ambiente está crispado”, concluyó el empresario.

¿Pero la sensación de los empresarios se corresponde con la evidencia empírica? El Instituto de Relaciones Laborales de la UCU reconoce un contexto de conflictividad relativamente bajo, bastante menor al de la década de 1960.

La investigadora Adriana Cassoni, docente del Máster en Economía por Investigación de la Universidad ORT, explicó que, si bien aumentó la conflictividad, lo hizo a partir del número de trabajadores afiliados al PIT-CNT. “Hoy tiene una cobertura del 80%, antes solo comprendía al sector público y a la industria manufacturera que representaban el 20%”, indicó. El verdadero problema es que los paros y medidas extremas como ocupaciones y piquetes –ambos no reconocidos en el derecho constitucional a la huelga– llegan ahora por la vía rápida sin haber agotado antes todos los mecanismos de negociación (ver página 4). Con todo, Cassoni entendió que las actuales relaciones laborales “son muy buenas” para los inversores. Ya en la reapertura democrática, estas eran consideradas “un poco más rígidas” que las de Japón, a su vez considerado el segundo país más flexible del mundo.

No obstante, la incertidumbre respecto a la evolución de las relaciones laborales representa el principal obstáculo a la hora de invertir, según la Encuesta Anual de Inversión Industrial de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Esta fue la respuesta de 6 de cada 10 empresarios industriales. Estos justificaron su opinión por la nueva ley de Negociación Colectiva y por la radicalización de las medidas de lucha sindical. En 2009 esta traba figuraba en cuarto lugar.

Entre los expertos consultados por El Observador hay consenso en determinar que las relaciones laborales son uno de los aspectos que hacen al clima de inversiones de un país.

A juicio de Xavier de Mello, que exista una relación “civilizada” entre las partes, en especial en el ámbito financiero, es un factor que predispone a la radicación de inversiones. Pero hubo matiz en las respuestas. Mientras que García cree que el contexto “no es precisamente favorable a la captación de inversión”, Cassoni opina que no se corre el riesgo de espantar a las empresas. Su argumento se basa en que el sistema de Consejos de Salarios favorece a las grandes empresas, generalmente extranjeras, porque son las que pueden hacer frente a los compromisos salariales. Las pequeñas, en cambio, cierran, desapareciendo así la competencia. “Las cifras de inversión extranjera y de inversión privada interna son históricas. Pensar que la conflictividad espanta las inversiones es una falacia”, afirmó.

Para Leonardo Slinger, socio del Estudio Guyer & Regules, sucede lo contrario, puesto que el incremento “desproporcionado” de los salarios para algunos sectores puede ser un “desestímulo” al desarrollo de negocios. “No debe perderse de vista que las relaciones de trabajo se han globalizado, y si a una empresa extranjera las condiciones laborales no le resultan adecuadas, puede mudar su actividad a otro país”, apuntó.

Si no es contigo, es con otro
Brasil fue la opción del propietario de Effa Motors. Según el empresario, el gobierno le ofrece un predio de más de 2 millones de metros cuadrados gratis, al tiempo que defiende la industria nacional. Esta semana trascendió que la administración de Dilma Rousseff entrega un dossier con un centenar de artículos de prensa que informan sobre la conflictividad laboral en Uruguay. Así lo planteó Cerisola: “Nuestros países vecinos están usando cada vez más este argumento para atraer inversiones hacia ellos y en nuestro perjuicio. Estamos en una competencia y en ella todos juegan sus cartas”.

A Otegui le parece un golpe bajo que fácilmente puede ser devuelto con mencionar la seguidilla de dimisiones de ministros por corrupción en Brasil, pero antes Uruguay debe sacudirse la debilidad que representan los “comportamientos salidos del cauce”.
De lo contrario, el único mensaje que percibe García, de la consultora Auren, es que los inversores se vayan a otra parte. “El mundo está lleno de lugares donde poner la plata. No hay ninguna necesidad de venir a complicarse a este pequeño país de Sudamérica”, concluyó.

Sensatez y diálogo
Si bien en la construcción los empresarios y el sindicato tienen un buen relacionamiento que incluye acuerdos salariales y cursos de formación, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, afirmó que la “confrontación alta y desmedida es preocupante y así lo observan también los clientes e inversores”.

Las dos caras
“Uruguay tiene, visto desde lejos, una excelente imagen y es mérito de lo que se ha construido en los últimos 25 años. En las reuniones del gobierno con inversores, estos se llevan la mejor impresión. El problema está en lo que pasa después: las demoras, los conflictos, la falta de respaldo para el cumplimiento de la ley”. (Andrés Cerisola)

Reclamos y propuestas
Los trabajadores metalúrgicos piden al empresariado el pago de un presentismo de 12%, aumentos salariales semestrales de 3,5% (más el 100% del Índice de Precios al Consumo) y reducir la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales. Los patrones ofrecen incrementos salariales de 1,5% (más IPC) más un eventual 1% a cambio de paz sindical. El convenio colectivo de la rama venció el 30 de junio.