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En Cerro Largo hay expectativas para que antes de fin de año el grupo inversor brasileño Agurne SA pueda comenzar con las obras de desarrollo de una nueva zona franca privada en el país. El trámite del proyecto está avanzado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en junio comenzó a ser analizado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente.

Mientras eso ocurre, en el Parlamento sigue pendiente la aprobación de los cambios al régimen de zonas francas. En marzo pasado con el respaldo de todos los partidos políticos el Senado votó las modificaciones, que incluyen la habilitación para que enclaves aduaneros del interior puedan desarrollar "actividades complementarias" en oficinas de Montevideo.

Esa disposición no cuenta con el beneplácito del MEF que, paradójicamente, fue el impulsor del proyecto en 2015. El propio ministro Danilo Astori manifestó su rechazo a esa disposición añadida en el Senado.

"Nuestra opinión es negativa al agregado que se hizo porque origina una posibilidad de evasión muy grande y muy difícil de controlar. Es como permitir que actividades protegidas por el régimen de zonas francas se desarrollen en territorio no franco y a nosotros nos parece absolutamente peligroso para un país que necesita buenos niveles de recaudación, control y formalidad de la recaudación", apuntó en marzo, durante su disertación en ADM.

En esa ocasión, Astori dejó entrever que volvería a insistir para que la modificación no se concrete. Desde entonces, el proyecto descansa en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde aún no entró a consideración, informó a El Observador el representante por el Partido Independiente, Iván Posada. La Cámara Baja tiene concentrada su actividad por 90 días en el estudio del proyecto de Rendición de Cuentas.

La intención de los legisladores afines al astorismo es presentar un aditivo que restrinja el régimen de zonas francas a las operaciones que efectivamente se den dentro de esos espacios. "Parece de Perogrullo pero no lo es, a la luz de algunas posibles prácticas que podrían llevarse a cabo", comentó a El Observador Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay.

Asti dijo que la propuesta establece que, en caso de que las operaciones por fuera de zonas francas originen rentas por comercialización de bienes, les corresponderá el régimen general de tributación.

Inversión de US$ 200 millones

En Cerro Largo esperan por la autorización del Poder Ejecutivo que habilite a los inversores brasileños a comenzar con el desarrollo de una zona franca privada en un predio de 130 hectáreas ubicadas sobre la ruta 9 al ingreso de Melo.

En diálogo con El Observador, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, destacó el impulso que las autoridades del MEF le han dado al proyecto.

La iniciativa que está previsto se desarrolle en tres etapas implica una inversión de US$ 200 millones y daría empleo a unas 3 mil personas una vez el complejo esté operativo en toda su capacidad.

Melo es una ciudad con una situación geográfica privilegiada, según los inversores, porque se encuentra próxima a la frontera con Brasil y equidistante con las principales ciudades del Mercosur, lo que la convierte en un punto estratégico para la implantación de proyectos con carácter internacional, nacional y regional.

Botana dijo que el grupo inversor ya comenzó a principios de año a capacitar jóvenes en áreas de informática y gerencia, entre otras áreas.

"El tipo de empresas que se han interesado son todas empresas que colocan sus productos en Brasil", dijo el intendente. El jerarca añadió que las firmas que han manifestado mayor interés hasta ahora están vinculadas a la industria farmacéutica, fabricación de muebles egipcios, pigmentos para baldosas y argamasa.

En Uruguay hay actualmente en funcionamiento 11 zonas francas: Nueva Palmira (estatal), Fray Bentos (UPM), Libertad, Punta Pereira (Montes del Plata), Colonia, Colonia Suiza, Florida, Zonamerica, WTC Free Zone, Parque de las Ciencias y Aguada Park.

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