El costo insospechado del ajuste fiscal: Macri enemistado con grandes empresas

El origen de las tensiones es el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para lograr el déficit cero en términos primarios –es decir, sin contar los intereses del pago de deuda–. Y eso implica un esfuerzo de dos puntos y medio del PBI, unos US$ 9.000 millones.

Y, como suele ocurrir, todos comparten el objetivo de equilibrar las cuentas estatales pero nadie quiere ser quien financie el agujero a cubrir. Durante 2018, el ahorro vino dado por la inflación, que abarató en términos reales los salarios estatales y las jubilaciones. De hecho ya va un año en el que sistemáticamente la recaudación impositiva evoluciona por encima de la inflación y del nivel de egresos estatales.

Pero eso no alcanza para el nivel de ajuste que quiere hacer el gobierno. Hace falta mayor presión impositiva y menor nivel de gasto en los rubros no salariales.  Ahí es donde los candidatos pasaron a ser aquellos que hasta hace poco aplaudían la política macrista. Los primeros desilusionados fueron los productores agropecuarios, que tras haber visto suprimidas las odiadas retenciones a las exportaciones, ahora otra vez empezaron a pagar. 

De todas formas, fueron quienes menos se quejaron, dado que el impuesto se consideró un mal menor luego del shock positivo de la devaluación. En cambio, sí manifestaron su desagrado las empresas del sector servicios, donde destacan las compañías de software y las productoras de contenido audiovisual, que por primera vez pasarán a abonar retenciones a la exportación.

Advirtieron que el cambio de reglas de juego implicará una ralentización en los planes de inversión.
El gobierno soporta las críticas y se consuela al revisar los números: gracias a estos gravámenes en el comercio exterior, la recaudación impositiva tuvo un aporte adicional de US$ 800 millones en enero.

Petroleros, enojados

Pero las quejas más amargas provinieron del sector energético, donde grandes empresas interpretaron que el gobierno había incurrido en algo así como una traición. El gobierno había generado un plan de inversión promocional en el mega yacimiento de Vaca Muerta, que implicaba un subsidio estatal para los proyectos de producción de gas.
La preocupación del gobierno era recomponer lo más rápidamente posible el stock, luego de una década en la que se consumieron las existencias sin que hubiera estímulo para la producción, debido a la política de tope de precios. 

Los funcionarios de Macri idearon el sistema opuesto, es decir, aseguraron un precio sostén para la producción de gas, de manera que si en el mercado internacional el precio caía, el Estado se haría cargo de la diferencia con un nuevo subsidio. Fue así que se anunciaron grandes proyectos de exploración y producción de gas, entre los que se destacaron los del grupo Techint –el más grande del sector industrial privado argentino– y el de la petrolera estatal YPF.

Pero claro, cuando se diseñó este plan de estímulo los dólares fluían, todavía se creía posible el ajuste “gradualista” y no se había producido la gran corrida cambiaria. Pero, sobre todo, el Fondo Monetario Internacional estaba fuera de la vida política argentina. Tras la gran crisis devaluatoria de 2018, todo cambió, y el gasto que en un momento parecía justificado, empezó a generar preguntas y críticas. 

Fue así que el economista jefe del FMI, Ricardo Cardarelli, objetó el acuerdo. Planteó exagerado que se pagara US$ 7,5 el millón de BTU, cuando el precio del mercado estaba en US$ 4.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estuvo de acuerdo. Pero el de energía, Javier Iguacel, quería mantener el subsidio. El resultado fue una pelea interna que dejó a Iguacel –hasta entonces uno de los funcionarios preferidos de Macri– fuera del gabinete.

De manera de atenuar el enojo de los empresarios, no se planteó una eliminación lisa y llana del subsidio, sino que se lo limitó hasta la cifra de US$ 700 millones para este año, con el argumento de que el excedente de esa cifra correspondía a una sobreproducción respecto del plan original de inversión.

Y ocurrió lo previsible: protestas, acusaciones sobre cambio en la letra del acuerdo, falta de respeto a los compromisos con inversores y amenazas de juicios millonarios. Techint, comandada por Paolo Rocca –el hombre más rico de la Argentina, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes– dijo que el cambio de reglas de juego implica que dejará de percibir 5.600 millones de pesos –unos US$ 145 millones– en la producción de gas.

Y anunció que, en consecuencia, pondría en revisión un proyecto de inversión por US$ 2.300 millones. Además, dejó trascender que podría iniciar reclamos al Estado por hasta US$ 1.000 millones.

Por lo pronto, el mayor holding argentino suspendió tres de los cuatro equipos que operan en Vaca Muerta, algo que está generando inquietud en filas sindicales. En el área Fortín de Piedra la compañía de Rocca consolidó en poco más de un año una producción récord de 17 millones de metros cúbicos, que fue la que explicó el fuerte salto que tuvo la producción de gas. De hecho, después de años de haber tenido que importar, Argentina volvió a ser un exportador en este rubro.

Un golpe al discurso de la “previsibilidad”