El crimen le costó a Uruguay US$1.200 millones en 2010

La cifra equivale al 3% del PIB. La mayor inversión del país fue en costos de anticipación al crimen, según una investigación financiada por el BID

Por Redacción

El costo como consecuencia de los crímenes contra la propiedad y las personas en Uruguay, en el año 2010, fue de aproximadamente US$1.200 millones, lo que equivale al 3% del producto interno bruto (PIB).

Esta cifra surge de un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Económicas y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El trabajo sostiene que, en general, las tasas de criminalidad en Uruguay son más bajas que en otros países de América Latina, pero el crecimiento de algunos delitos en los últimos 20 años ha hecho que el tema se ubique en lo más alto de la agenda pública. Y agrega que, en este contexto, la medición de los costos del delito apunta a ser un aporte útil para las políticas gubernamentales y el debate público.

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El proyecto es uno de los ocho seleccionados en un concurso convocado por el BID para medir con metodologías apropiadas e innovadoras el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, y que será presentado por sus autores en un seminario (ver video en vivo abajo) el 24 y 25 de enero, en la sede del BID, en Washington, Estados Unidos.

La investigación analiza las características de los delitos en Uruguay y destaca que están clasificados en cinco categorías: contra la propiedad (76% de las denuncias en 2010), contra las personas (14,4%), sexuales (0,6%), contrabando (0,1%) y otros delitos (8,8%).

Para realizar la medición se consideran los costos de seguridad y prevención del delito, de Justicia, reclusión y rehabilitación de reclusos, de bienes robados, salud, pérdida de vidas y pérdida de tiempo productivo en prisión de los reclusos. A su vez, se agrupan en costos incurridos en anticipación al crimen, como consecuencia del crimen y respuesta al crimen.

El principal componente del costo total son los costos de anticipación al crimen, que sumaron US$ 738 millones, equivalentes a 1,90% del PIB. Esta cifra incluye el gasto público y el gasto privado en seguridad y los costos administrativos de las empresas de seguros.

El segundo componente del total son los costos como consecuencia del crimen, con US$319 millones (0,81% del PIB), que incluyen los costos de la propiedad robada, de los homicidios, los costos intangibles de víctimas de otros crímenes y de pérdida oportunidades de reclusos en prisión.

Y el tercer componente son los costos en respuesta al crimen con US$145 millones equivalentes (0,37 % del PIB), que agrupan el gasto público en Justicia, reclusión y rehabilitación y el gasto privado en ayuda legal penal.

El documento destaca que algunos aspectos analizados muestran ciertas limitaciones de los resultados que tienden a la subestimación de los costos, por lo cual el costo total de 3,1 % del PIB debe ser considerado como un mínimo. Los autores de la investigación son Diego Aboal, Jorge Campanella y Bibiana Lanzilotta, con la colaboración de Magdalena Domínguez y Maren Vairo.

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