ver más

La Justicia no se pudo pronunciar hasta ahora sobre el pedido de procesamiento del senador Rodolfo Nin Novoa porque tiene fueros y el Senado desestimó en 2011 desaforarlo. Según entendió la Fiscalía el legislador omitió incluir en su declaración jurada del año 2007 su participación en una sociedad ganadera que comparte con dos de sus hermanos, y además incluyó como bien propio un automóvil que en realidad era de su hijo.

El 15 de febrero perderá los fueros ya que no resultó electo en las elecciones del 26 de octubre y la Justicia podrá retomar la causa para definir si es procesado. Sin embargo, hay otro impedimento al que la defensa podrá apelar: el delito prescribió.

El 12 de noviembre de 2010 el entonces fiscal del caso, Luis Bajac (actualmente fiscal de Aduanas), pidió el procesamiento de Nin Novoa por el delito de falsificación ideológica por un particular.

Ese delito castiga a quien “con formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquier otra circunstancia de hecho”, con pena de tres a 24 meses de prisión.

El Código Penal establece en el artículo 117 que los delitos que se castigan con prisión o multa prescriben a los cuatro años, plazo que se cumplió en 2011.

Si bien el Código Penal plantea que la prescripción se interrumpe en algunos casos, el único caso que menciona es el de “la orden de arresto, empezando a correr nuevamente el plazo desde que el proceso se paraliza”. Pero en el caso de Nin Novoa no existió dicha orden, y ni siquiera llegó a declarar ante la Justicia.

Una fuente de la defensa de Nin Novoa, integrante del estudio de Gonzalo Fernández, dijo a El Observador que evalúan plantear la prescipción porque la ley es clara en ese sentido. No obstante, señaló que habrá que estudiar el caso y ver si existe algún antecedente.

Consultado al respecto del tema de los fueros, el catedrático de Derecho Penal Milton Cairoli dijo a El Observador que no le consta que corten la prescripción.

“En todo caso será una nueva discusión que se tendrá que dar”, opinó el exfiscal y exjuez Enrique Moller, quien tuvo a su cargo como juez el pedido de procesamiento del entonces diputado Armando Da Silva Tavares en la década de 1990.

El 28 de junio de 1991 la Cámara de Diputados rechazó el pedido de desafuero del colorado Da Silva Tavares, acusado de defraudación tributaria durante su gestión al frente de una empresa. La solicitud de desafuero fue votada por 65 diputados, de modo que no se concedió por un solo voto.

Tiempo después, al perder los fueros, Moller envió el expediente al fiscal que entonces era Miguel Langón, quien pidió el archivo por considerar que había perdido interés el caso. Moller dijo que el tema de fondo nunca se discutió.

Una vez que el senador Nin Novoa pierda los fueros, la jueza penal Fanny Canessa enviará el expediente al fiscal Gustavo Zubía, actual titular de la Fiscalia que pidió el procesamiento. Zubía deberá estudiar el expediente y resolver si pide el archivo o mantiene el pedido de procesamiento.

Seguí leyendo