El gobernador de Texas definió a la inmigración ilegal mexicana como una “invasión” y ordenó detenerla

Usando ese argumento, el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó a las autoridades estatales a regresar a los puertos de entrada fronterizos con México a los inmigrantes ilegales. Para ello, y a través de una orden ejecutiva, impartió esa facultad a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública (DPS), ambas de jurisdicción del estado texano.

Abbot no ignora que su decisión generará un enfrentamiento con el gobierno del presidente demócrata Joe Biden. Pero no le importa poner al límite esa relación ya que le servirá para tensar fuerzas con vistas a las elecciones de noviembre, cuando buscará su reelección por el Partido Republicano.

Abbott afirmó que sólo en un fin de semana de abril fueron detenidas 5 mil migrantes que cruzaron de forma ilegal a EE. UU., creando "una crisis en la frontera que atropella a las comunidades de la línea".

Aún no hay cifras de junio, pero en mayo se rompió el récord de cruces ilegales registrados. La Patrulla Fronteriza capturó a 177 mil personas, un 15 por ciento más que en abril. 

Y más de 60 mil migrantes hicieron más de un intento este mes para entrar a EE. UU. sin los papeles en regla.

Al anunciar la medida la semana pasada, Abbott argumentó que pretende "detener la empresa criminal que pone en peligro" a los habitantes de las localidades fronterizas.

La iniciativa responde al pedido que le hicieron varios condados del estado —Kinney, Uvalde, Goliad, Burnet y Medina— para que declarara legalmente como una "invasión" a la llegada de inmigrantes.  

Las autoridades locales pedían la deportación, a pesar de que es algo que solo podría hacerlo el gobierno federal.

La declaración de "invasión" forma parte de un movimiento que argumenta que la Constitución de EE. UU. da una base legal a los estados para invocar los poderes de guerra.

La idea ha sido ampliamente criticada por los defensores de los inmigrantes y expertos jurídicos, que no dudan que se trata de una medida que forma parte de la campaña política del gobernador republicano en busca de la reelección en noviembre.

El mismo argumento expuso el gobierno de México al rechazar la medida horas después del anuncio.

"En los Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas", dijo la cancillería azteca.

Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), también ha usado un argumento similar al condenar la medida de Abbott. "La estratagema política del gobernador es moralmente censurable e incuestionablemente ilegal", dijo.

Destacó que la Constitución de los Estados Unidos deja en claro que la aplicación de la ley de inmigración es la autoridad federal y que los gobernadores de los estados no pueden establecer sus propias políticas.

"La Administración Biden debe responder rápidamente con litigios y recordarle al gobernador Abbott que la Constitución establece claramente cómo se supone que debe funcionar nuestra república democrática", insistió el abogado.

Desde que el presidente Joe Biden llegara al poder en enero de 2021, Abbott ha emprendido una pulseada con el gobierno federal demócrata, acusándolo de promover una política de "fronteras abiertas".

Republicanos y demócratas se echan mutuamente en cara la última tragedia fronteriza, cuando más de cincuenta inmigrantes murieron sin aire y deshidratados dentro de un camión que quedó cerrado durante horas al sol sin aire ni refrigeración.

"A medida que los desafíos en la frontera continúan aumentando, Texas continuará tomando medidas para abordar los desafíos causados por la Administración Biden", insistió el gobernador texano, un estado donde buena parte de la mano de obra es inmigrante.

Su orden ejecutiva fue emitida pocos días después de que el Tribunal Supremo diera un respiro a Biden, al permitir poner fin al programa Quédate en México, establecido por su antecesor, Donald Trump.

Los Protocolos de Protección al Migrante obligaban a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de su caso. Y el requisito había provocado tensiones diplomáticas entre Washington y México, que se oponía a la medida.

Este será uno de los temas que se abordarán en la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, programada para este martes.

(Con información de BBC News y agencias)