Implica la suspensión de las operaciones militares ofensivas en todo el país. El acuerdo será monitoreado por las partes, la Iglesia, la ONU y la OEA
paz en 2016 instalaron este lunes en la ciudad de Tibú, al noroeste del país, una mesa de negociaciones con miras a desmovilizar a unos 3.500 rebeldes y poner fin definitivo a su insurgencia armada, proceso que incluye en alto el fuego por tres meses.
"Hoy damos formalmente por instalado este paso dentro de la política de paz, dentro de la política de la vida: el paso de la fase dialógica", anunció Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, ante los delegados del presidente Gustavo Petro y del llamado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En Tibú, uno de los municipios más conflictivos del país, que linda con la frontera con Venezuela y está rodeado de narcocultivos, se reunieron delegados del presidente Petro y la cúpula de la organización guerrillera.
"En nombre de todas y todos los guerrilleros de las Farc ratificamos ante todos ustedes nuestros delegados a la mesa de diálogo con el gobierno nacional", dijo a su turno alias Andrey Avendaño, jefe de la delegación de las disidencias de las FARC.
Con la puesta en marcha oficial de las negociaciones, se da también inicio a un cese al fuego bilateral nacional por tres meses, según decreto del Ministerio de Defensa. Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa, resaltó que el decreto busca "respetar la vida en todas sus formas" y "evitar afectaciones a la población civil".
Un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordena la suspensión de operaciones militares ofensivas en contra de la disidencia, así como crear condiciones para el libre desarrollo de las elecciones locales de alcaldes y gobernadores a celebrarse el 29 de octubre próximo.
“Es preferible iniciar el camino sin el ruido de las armas, prohibiendo agredir y matar, que recorrer un camino de muerte. Vale la pena intentar conversar en medio de un cese al fuego con rigurosos compromisos de respeto a la población civil”, agregó González.
El cese al fuego será nacional y contará con un mecanismo de monitoreo y verificación a crearse con delegados de las fuerzas militares, el gobierno, la disidencia y la Iglesia. También podría participar la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, si el Consejo de Seguridad del organismo lo aprueba, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si así lo deciden.
Por su parte, Avendaño hizo un llamado al consenso, instó a la población a participar y aseguró que el diálogo que se inicia puede ser una manera de desescalar el conflicto social, político y económico que persiste en Colombia desde hace décadas.
“Para nosotros la solución política es la hoja de ruta. Nos tocó armarnos porque nos cerraron todas las vías”, dijo Avendaño, acompañado de un grupo de seis disidentes del EMC.
El EMC dice ser el “heredero” de las FARC y no acepta ser llamado “disidente”. El gobierno anterior lo consideraba un grupo criminal, negando así el reconocimiento político que sí aceptó darle Petro al buscar un nuevo proceso de paz.
Su líder máximo, Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, un excomandante de las extintas FARC, se negó a entregar las armas hace siete años y hasta fue dado por muerto en 2022. Sin embargo, reapareció recientemente para negociar con Petro. Su estructura está compuesta por varias facciones que se juntaron y suman unos 5.000 insurgentes, según las Fuerzas Armadas.
El 8 de octubre pasado, cuando se esperaba que comenzara el diálogo, el gobierno y la insurgencia sólo lograron pactar un cese provisional de acciones ofensivas tras un incidente en el que reportaron muertos. En ese momento, el cese al fuego bilateral quedó en vilo por desacuerdos mutuos.
(Con información de AFP)