El Gobierno de Milei oficializó a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema

Desde que se jubiló la jueza Elena Highton de Nolasco, en octubre de 2021, la Corte Suprema está funcionando con cuatro integrantes, uno menos que lo que dispone la ley que regula su integración: Horacio Rosatti (presidente), Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

A fin de año, Maqueda cumplirá los 75 años, edad en la que la Constitución dispone que el Senado vuelva a prestar acuerdo para designarlos. Sin embargo, Milei ya anunció que no hará uso de esa prerrogativa y pretende acelerar el proceso de selección para que su sucesor esté disponible para la jura en noviembre.

Al no contar con la habilitación del Poder Ejecutivo, Maqueda deberá entonces acogerse a la jubilación, dejando así un lugar más por ocupar en el máximo tribunal.

El perfil de Ariel Lijo

Ariel Oscar Lijo es juez federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal, y según el Gobierno se “destaca por su experiencia en la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, entre otros”.

Lijo es profesor Adjunto interino de Delitos contra la Propiedad Intelectual Leyes 11.723 y 22.362 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y director y profesor del Curso “Delitos Complejos”, Organizado por la Secretaría de Capacitación de la Union de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El perfil de García-Mansilla

Por su parte, Manuel José García-Mansilla es actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y posee un perfil académico.

Es doctor en Derecho por la Universidad Austral y cuenta con un Master of Laws por la Georgetown University Law Center de Estados Unidos. Su experiencia docente abarca tanto grado como posgrado, siendo profesor titular de Derecho Constitucional y Seminario de Historia del Derecho.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial, se abre un período de quince días para que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos presenten sus posturas, observaciones y circunstancias respecto a los candidatos propuestos. Posteriormente, el Senado debatirá los pliegos de los postulantes antes de su eventual designación.