El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, propuso este domingo la convocatoria de una consulta popular para decidir si se deroga el contrato minero que desató hace nueve días manifestaciones masivas.
En su mensaje, de apenas dos minutos, Cortizo aseguró que pedirá al tribunal electoral convocar la consulta para el 17 de diciembre, y al Congreso una ley que prohíba "la minería metálica a nivel nacional".
Cortizo emitió su mensaje tras concluir una enorme concentración en la capital, donde decenas de miles exigieron la derogación del contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) operar en el Caribe panameño la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
"A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano", afirmó.
Pero poco después, dirigentes de las protestas aseguraron que el presidente busca dividir y confundir al movimiento.
"Basta de burlas. Las acciones se mantienen en la calle. Hay que derogar la ley. Este es mandato del pueblo. No hay maniobra que en esta pelea engañe al pueblo", aseguró el líder del poderoso sindicato de obreros de la construcción, Saúl Méndez.
El movimiento juvenil Sal de las Redes citó a una manifestación el lunes rumbo al Congreso. "La Consulta está en las calles. El pueblo ha hablado", publicó en Instagram.
El malestar popular estalló el pasado 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley que permite a FQM operar por 40 años la mina a cielo abierto. Cortizo la promulgó en la noche de ese mismo día.
En un movimiento de protesta inusual en el país, miles de panameños se fueron sumando diariamente, con bloqueos de rutas en la capital y en varias provincias del país, paros laborales de maestros, médicos, obreros, transportistas y otros gremios. Las clases estuvieron suspendidas toda la semana.
Intentando frenar las manifestaciones, Cortizo prohibió el viernes las nuevas concesiones de minería metálica por decreto ejecutivo, pero mantuvo el contrato con la empresa canadiense, lo que atizó aún más el fuego.
Además, los manifestantes exigen una moratoria de la actividad minera por ley, no por decreto del gobierno de turno.
La ley aprobada por el Congreso selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original porque se hizo sin licitación.
El gobierno defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por US$ 375 millones, diez veces el monto del acuerdo inicial.
También ha advertido que una anulación del contrato provocaría la pérdida 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, además de que el país se expondría a demandas multimillonarias en tribunales internacionales.
La minera aporta el 4% del PIB de Panamá y exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre desde Puerto Rincón, adonde llegaron manifestantes en una decena de lanchas este sábado.
La mina está en una remota zona del Caribe, a 240 km por ruta desde la capital, y entró en operaciones en febrero de 2019.
(Con información de AFP)
