Tal como lo adelantara el propio Federico Sturzenegger, el principal responsable de las medidas modernizadoras y desreguladoras, el Gobierno presentará al Congreso un extenso proyecto con el propósito de derogar leyes que han caído en desuso y ahora se consideran inapropiadas. Este abordaje abarcará diversas áreas e implicará la derogación de más de 160 leyes que, de acuerdo al Ejecutivo, no sólo carecen de eficacia, sino que también se perciben como obstáculos para las actividades en diversas esferas, especialmente en el ámbito económico.
La intención detrás de este nuevo envío, junto al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ómnibus, presentados en las últimas dos semanas, es avanzar hacia lo que consideramos la "gran transformación" de Argentina.
En contraste con las dos presentaciones previas, en este nuevo proyecto, el Gobierno no anticipa controversias significativas. Desde el oficialismo, se subraya que se trata de una depuración que abarca todas las áreas y no aborda temas conflictivos. Entre las normas que se buscarán derogar, se incluyen desde aquellas que exigen microfilmaciones en una era donde esta tecnología ya no se utiliza para preservar documentos, hasta leyes que, aunque aún están vigentes, han sido incorporadas en otras de mayor jerarquía.
Además, algunas normativas se destacan por solicitar trámites que ya no son factibles, ejemplificando el concepto de "absurdo" que se busca transmitir sobre las normas a derogar. Un ejemplo de esto es la ley que regula la transmisión en color en televisión, una disposición que carece de relevancia en la actualidad. Desde las filas libertarias, se ilustra este proceso como la limpieza del disco duro del archivo de la computadora.
Desde la Casa Rosada se explica que estas normas consideradas "obsoletas" se identificaron durante la revisión de las leyes locales en el camino hacia la modernización. Esto se alinea con el DNU que apunta a reducir la participación del Estado en la economía local y con el proyecto de ley "ómnibus", que modifica 664 artículos y comenzará a discutirse en los próximos días, con la intención de ser aprobado a finales de enero, según el oficialismo.
La próxima semana estará marcada por la intensa actividad parlamentaria para lograr la aprobación de la ambiciosa ley "ómnibus", considerada crucial para la administración de Milei, quien deposita sus expectativas en este proyecto. Aunque desde el Gobierno se afirma que la negociación será "a todo o nada", en La Libertad Avanza (LLA) confían en los acercamientos que puedan lograr con la oposición para obtener las aprobaciones deseadas. Este escenario se presenta desafiante en medio de la debilidad parlamentaria, sin embargo, en el oficialismo, hay optimismo y voces moderadas que sugieren la posible necesidad de ajustar fechas y desglosar temas.
En este contexto, se insta a los ministros y sus equipos de comunicación a prepararse para comparecer ante el Congreso y defender sus respectivos temas. Este se presenta como el principal desafío político del gobierno, con la mirada puesta en abril y mayo como meses clave para iniciar una disminución de la inflación, apelando a mantener el respaldo de la población en medio de un escenario político y una situación económica vertiginosos.
