El juego en cancha del gobierno
Si el gobierno no empieza a caminar hacia el ahorro, la austeridad y mayor eficiencia, volverá a enfrentarse a una situación explosiva
La posición moderada asumida por el movimiento nacional de protesta le da al gobierno un plazo breve para atender el eje de sus reclamos y restablecer la quebrantada armonía social. Esa meta exige no solo ampliar de inmediato alivios tributarios sino también empezar a trabajar en la reducción del Estado y del gasto público. Sus excesos han sido causa central de las penurias del agro, la industria, el
comercio y los hogares, que estallaron el mes pasado en generalizada resistencia civil. Corregirlos es la demanda principal de la proclama de Durazno, documento que el presidente Tabaré Vázquez dijo que atenderá cuando empiece a negociar con dirigentes del movimiento y de las gremiales agropecuarias.
Las señales todavía son inciertas. Figuras del oficialismo que no parecen percibir plenamente la gravedad de la crisis, han estado hablando solo de agregar algunas concesiones económicas que beneficien a sectores del
agro excluidos del reciente cuentagotas de alivios a la lechería, a los arroceros y a los productores de hortalizas y frutas. Esa actitud responde a las demandas de ayuda inmediata para atenuar la pérdida de rentabilidad de los productores. Pero nada se escucha hasta ahora sobre la exigencia central de empezar a trabajar en aligerar la pesada estructura del sector público y de austeridad en el gasto. Si este requisito no es atendido, el enfrentamiento se agravará.
Así quedó claro en la reunión del sábado de cerca de 300 representantes del agro y de otros sectores de la vida nacional. Pese a algunos reclamos de medidas drásticas, la mayoría votó por aceptar la propuesta de Vázquez de buscar soluciones en una mesa conjunta de trabajo. Pero el movimiento, que comienza a conocerse como Un solo Uruguay, adquirió más fuerza en esa reunión. Por un lado, su vocero Marcelo Nougué adelantó que tienen preparada "una batería de medidas de distinto nivel" en previsión de que los resultados de la negociación con el gobierno no produzca resultados aceptables. Por otro, se tomaron medidas para formalizar la estructura del movimiento con la designación de un formal cuerpo directivo. Paralelamente a las discusiones con el gobierno central, los representantes de cada departamento en ese cuerpo negociarán iguales objetivos con las intendencias, censuradas por las mismas claudicaciones del resto del sector público.
Si el aparato estatal persiste en una limitada asistencia coyuntural y no da señales de aligerar su pesadez y dispendios, la crisis se reactivará inevitablemente. No bastarán para restablecer la calma algunas dádivas tributarias o meras promesas. Se requieren pasos concretos hacia cambios en el Estado que armonicen de manera más justa y eficaz el funcionamiento de los sectores público y privado. No es un camino fácil en un país donde impera la enquistada cultura de un estatismo exacerbado, burocrático y, últimamente, asistencialista. Pero si el gobierno, las intendencias y las empresas públicas no empiezan a caminar hacia el
ahorro, la austeridad y mayor eficiencia, una situación potencialmente explosiva volverá a estallar con más fuerza. Esa instancia indeseable es una amenaza a la convivencia de todos en orden y concordia, así como a la estabilidad y el desarrollo de la economía. Evitar el peligro está en manos del gobierno y del resto del sistema político.
