Más al norte de Las Piedras se encuentra el barrio Vista Linda. Las condiciones de vida en ese lugar coinciden con los barrios del plan. Según los vecinos, además, la delincuencia influye mucho más. En una cuadra hay cuatro bocas de droga, y en las veredas se acumulan adictos. “Si vas a ir por esa calle, tene ojo porque no salís”, le advirtió un vecino al periodista de El Observador en medio de su recorrida. Otro testimonio de delincuencia en la zona son los varios esqueletos de autos incendiados.
Yanina compartía un mate dulce con Lurdes al sol en la puerta de su casa, mientras los niños dormían. Lurdes tiene cuatro hijos y Yanina dos (uno en gestación). Sus quejas apuntan a la inseguridad del barrio, aunque también les indigna el servicio de salud. Contaron que para reservar consulta con el pediatra tienen que hacer cola toda la madrugada en la puerta de la policlínica del barrio, y es común que haya madres que no pueden llevar a sus hijos a atender por la escasez de números. Una de las esperanzas de Vista Linda es la UTU. Allí concurren muchos jóvenes, y los que no estudian ni trabajan pueden ingresar al “Jóvenes en red”. Matías tiene 22 años y también consiguió un trabajo por medio de ese plan. Aprende el oficio de constructor y, además, cobra un sueldo. “Está de más”, dijo a El Observador.
A lo largo de la ruta 8, entre el arrollo Toledo y Pando, se extiende Barros Blancos, una de las ciudades más grandes de Canelones en la que habitan más de 60.000 personas, y se integra por 42 villas y 38 asentamientos. Una porción importante del espacio lo ocupan las denominadas “cinco villas”, que tienen como centro a Villa Manuela. Esa zona es la tercera del departamento canario incluida en el plan. En ese espacio se intercalan cuadras con viviendas muy dignas con familias de clase media, con ranchos deprimentes de asentamientos, en los que viven personas sumergidas en la extrema pobreza a indigencia. En uno de ellos se acumulan uno al lado de otro ranchos de madera y chapa. Mateo vive junto a su compañera y sus cuatro hijos en uno de madera compensada pintado de verde claro. Él hace changas y trabaja en un horno de ladrillos. Ella es ama de casa y tiene un pasado de violencia doméstica con el padre de los niños. Mateo contó a El Observador que en el barrio hay mucha pobreza y abundan las mujeres solas con hijos. De hecho su actual pareja vivió así durante un tiempo hasta que se “juntó” con él un año atrás. Pegado a su rancho hay otro muy chiquito. En la puerta jugaban dos niños. Son hijos de la vecina, que vive sola y todavía no había vuelto de trabajar.
A cinco cuadras está la escuela de Villa Manuela. A ella asisten 578 alumnos, y casi la mitad (280) concurren al comedor. Su director dijo a El Observador que la escuela está calificada dentro del quintil 3 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A su juicio, la zona no presenta niveles alarmantes de pobreza, y en cambio hay barrios cercanos, como Paso Escobar, que sí albergan mucha pobreza y delincuencia.
El alcalde de Barros Blancos, Napoleón da Roza, dijo a El Observador que en sus contactos con el gobierno advirtió que había otros barrios de la zona con indicadores más alarmantes que Villa Manuela. A su juicio, la inseguridad en la zona se da por los asentamientos que se levantaron a la periferia de los barrios instalados hace décadas. Da Roza propuso que el “Siete zonas” convierta a la escuela del barrio en tiempo completo. También dice que habrá pavimentación e iluminación en muchas calles. Dijo que el principal problema a resolver es la violencia doméstica. “Si no es la zona con niveles más altos de violencia doméstica del país, pega en el palo”, estimó.
El desafío
En pocos días la administración de José Mujica cumplirá 40 meses de los 60 del período. En el tiempo que le queda, el mandatario se propone cumplir al menos con el inicio de la solución para las principales promesas que hizo. Uno de esos objetivos por alcanzar es reducir la pobreza a menos de 10% (hoy se ubica en 12,4%) y eliminar la indigencia (0,5% de los uruguayos está en esa situación). Así está expresado en su programa de gobierno. Pero en el camino se encontró con dificultades para atacar ese “núcleo duro”. El avance, de todos modos, ha sido sustancial. La pobreza se redujo prácticamente a la tercera parte en los últimos ocho años: En 2004 se ubicaba en 39,9%, según las estadísticas oficiales.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) jugó un papel clave, pero observa ahora que no alcanza con programas sociales de transferencia monetaria o asistencia focalizada. Es preciso, al decir del titular del Mides, Daniel Olesker, implementar un plan “ultra focalizado”. De esa necesidad surgió el “Siete zonas”, una iniciativa que se propone en 18 meses intervenir en coordinación con varias instituciones públicas en cuatro barrios de Montevideo y tres de Canelones. Con el Mides y sus programas específicos como base, se suman las intendencias, entes y otras instituciones públicas, que van de la mano del Ministerio del Interior. Es que para conjugar las acciones necesitan también seguridad. Habrá, entonces, patrullajes e ingreso de la fuerza pública.
En breve comenzará a implementarse el plan que durará 18 meses y será evaluado en cada semestre. Habrá “desembarcos” y “ferias”. Los primeros son ingresos efectivos del personal del Mides y demás instituciones, que dan comienzo al plan. Las segundas son actividades previas en las que será presentado el plan a los vecinos.
Antes de todo ello, el gobierno terminó un trabajo de campo que concluyó en un diagnóstico. Y los resultados parecen darle la razón a la necesidad de implementar la política. La población objetivo son 31.151 personas, que viven en cuatro zonas de Montevideo: Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres e Ituzaingó; y dos en Canelones: Obelisco y Vista Linda en Las Piedras, y Villa Manuela en Barros Blancos. Más de la mitad de esas personas son menores de 29 años; hay 10% más hogares monoparentales con tres hijos o más a cargo que la media nacional; y los índices de pobreza también superan al promedio de todo el país. Esos hogares monoparentales son, en su mayoría, liderados por mujeres jóvenes. También es elevada la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, sobre todo para dedicarse a tareas del hogar y el cuidado de hermanos. Todo ello en un contexto de violencia y tráfico de drogas. Las familias con las que se trabaja en el plan tienen un jefe de hogar con un promedio educativo de seis años, cuando el promedio del país está en 9,2 años.
La inversión ya definida para 2013 es de US$ 2,6 millones, y para 2014 de US$ 4 millones. Buena parte del dinero será destinado a reforzar los equipos sociales.
El lunes 10 de junio se generó un intenso debate a la interna del gobierno en la reunión del consejo de ministros que se realizó esa mañana en Suárez y Reyes (Prado). El ministro Olesker compartió un largo informe de análisis del denominado “núcleo duro” de la pobreza, en alusión al 15% de hogares que tienen dificultades para salir de esa condición. Admitió que se trata de un objetivo “difícil” porque ese grupo lo componen familias y personas que no trabajan, viven en lugares muy vulnerables y se manejan en total informalidad. Hubo un largo debate. Varios de los ministros intervinieron, pero el mensaje más contundente fue el del presidente José Mujica. A juicio del mandatario, para solucionar el tema hace falta “militancia de izquierda”, relataron a El Observador fuentes oficiales. En medio de ese intercambio quedó claro que el “Siete zonas” es prioridad.
Puntos oscuros de la capital
En julio, el Mides realizará una “feria” en el Marconi para comunicar a los vecinos las características de los planes que están vigentes pero que muchos beneficiarios no saben de su derecho. En el evento será explicado el plan “Siete zonas”. Según informó a El Observador la alcaldesa del Municipio B, Sandra Nedov, algunos de las acciones concretas en el marco del “Siete zonas” es la reparación de espacios públicos. El proyecto para construir un anfiteatro en el medio del barrio sería concretado con fondos del plan. También la reparación de placitas y otros lugares para recreación.
El diagnóstico del Marconi no está lejos del resto de los barrios elegidos en el “Siete zonas”. Más bien la diferencia está en los niveles de delincuencia e inseguridad de la zona. Para atender esto último se instalará una sucursal de la comisaría 17ma al lado del cuartelillo de Bomberos, sobre la calle Aparicio Saravia. Se produjeron en este barrio hechos de violencia muy resonados, todos con el tráfico de drogas como telón de fondo. Allí las bocas de venta de droga, sobre todo de pasta base de cocaína, resultan ser un negocio fácil y redituable para algunos vecinos. El vínculo entre esos pequeños comercios de droga con los distribuidores, así como la puja por el territorio de venta, se transforma en foco de conflicto y violencia. En el Marconi la mayoría de los jóvenes no estudian ni trabajan; y los niños recién nacidos no reciben la atención debida. Para estas dos situaciones ya existen programas: “Jóvenes en red” y “Uruguay Crece Contigo”. Sin embargo, la llegada no es suficiente, y el “Siete zonas” se propone agruparlos para que funcionen en conjunto. El gobierno piensa instalar en Marconi un segundo centro CAIF, porque el que existe está superpoblado.
Cerca de allí, al otro lado de la avenida general Flores, está el barrio Ituzaingó, más conocido como Hipódromo. Son las manzanas que se agrupan entre camino Corrales, Belloni y José María Guerra, hacia uno de los laterales del Hipódromo de Maroñas. En ese lugar los indicadores de Marconi se repiten, y por eso se incluyó como una de las siete zonas.
Más al norte de la capital, muy cerca de Tres Ombúes, reposa sobre un verdadero basural el barrio Cantera del Zorro. Aguas servidas y olor a excremento por todos lados. Las calles se transforman en barro con cualquier lluvia, y las viviendas precarias se inundan una y otra vez. Entre esos ranchos de chapa se acumula basura. Mucha basura. En este asentamiento, rodeado por el arrollo Pantanoso, viven 1.000 personas. La indigencia se ubica en 1,4%, lo que casi triplica la media nacional (0,5%), según un estudio poblacional realizado a fines de 2012 por el sociólogo Martín Toledo, a encargo del Municipio A.
El Observador visitó el barrio en noviembre de 2012. El presidente de la Asociación Pro Fomento de Tres Ombúes, Mario Sánchez, consideró que la zona representa a la “indigencia en estado puro”. Una de las quejas recurrentes en la zona es que la presencia estatal es “nula” allí. Muchas de las familias viven de la recolección y clasificación de basura. De hecho, el alcalde del Municipio A, Gabriel Otero, considera a Cantera del Zorro como “una comunidad de clasificadores”.
Chacarita de los Padres, el cuarto barrio de Montevideo comprendido en el plan, es una especie de cuña metida sobre la ribera del arroyo Manga, a la altura de su cruce por Camino Maldonado, cerca de Punta de Rieles. Ese asentamiento fue también objeto de megaoperativos policiales, y por los altos niveles de violencia y delincuencia tiene desde abril de 2011 instalada una comisaría móvil a su entrada. En ese asentamiento viven más de 1.000 personas. Allí se levantan casas muy precarias, ranchos de madera y chapa. La imagen más patética es cómo se acumulan ranchos al borde del arroyo mugriento.
