El pedido de la Policía de divulgar fotos de sospechosos y por qué fiscales se oponen

Hacer pública la foto de los delincuentes requeridos era una práctica usual de la policía hasta hace un tiempo, contaron fuentes de la cartera de seguridad. Luego, con el auge de las redes sociales, se recurrió con menos frecuencia a la publicación porque las fotos de los requeridos se comenzaron a viralizar en internet, y así la policía lograba que le llegaran datos para localizar a posibles testigos o personas que podían aportar información sobre los sospechosos.

Sin embargo, en uno de los últimos homicidios cuyo esclarecimiento priorizó la cartera de seguridad, la policía consideró necesario divulgar las fotos dado que el principal requerido –presunto autor material de los asesinatos– se mantiene escondido en su barrio.

La fiscal de Homicidios Adriana Edelman, a cargo del asesinato del futbolista juvenil de Progreso Nahuel Miranda y de Rodrigo García –adolescentes de 16 años–, se opuso al pedido de la policía "no por principio" sino por "estrategia", dijo a El Observador.

El primer motivo que ponderó Edelman fue que cuando la policía le hizo la solicitud, el rango de búsqueda estaba acotado, y se sabía que el indagado "estaba en la vuelta". "No era que estuviera desaparecido", contó. "Pero además estaban las sensibilidades a flor de piel, y era una medida que hubiera exacerbado los ánimos: estaban todos amenazados y asustados", sostuvo la fiscal. "No se justificaba más que por una cuestión efectista", agregó. Este hombre todavía está prófugo, y los investigadores creen que cambia de vivienda todas las noches, en la zona del barrio 19 de Abril.

Aunque la cartera de seguridad podría de cualquier forma difundir las imágenes, se entiende que la Policía debe ajustarse a los criterios de los fiscales, que son quienes dirigen las investigaciones penales. "Deberían consultarnos, porque pueden frustrar la teoría del caso o la estrategia que tenga la Fiscalía", sostuvo Edelman.

William Rosa, fiscal de Flagrancia y secretario general de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, opinó que a la hora de tomar esa decisión también debe ponderarse "el principio de inocencia" de la persona requerida, por lo que "hay que tener cuidado de que no recaiga sobre alguien una condena social que después no pueda respaldarse en el juicio".

Luego remarcó, también, la incidencia en la estrategia de la investigación. "Si se difunde la imagen, esa información va a llegar a la persona que se está buscando, y eso puede frustrar el éxito e incluso las pruebas de la investigación, además de que el indagado se entera que están tras sus pasos", dijo Rosa, quien no obstante también entiende que lo que se genera con el Ministerio del Interior son "dos pujas desde el punto de vista estratégico".

Para el caso de los menores, la divulgación de su imagen e identidad está vedada por el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). En el artículo 96 de esa norma se establece la prohibición de identificar a los adolescentes "por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos". Y se especifica que "los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas".

El Código de la Niñez también establece para los medios de comunicación que divulguen información sobre adolescentes la imposición de "una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos", cuyo monto será destinado al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Ambas investigaciones penales han tenido a menores entre los indagados, pero fuentes de la Fiscalía aseguraron que respecto a ellos la policía no solicitó que se divulgara su imagen. Por el caso del homicidio al funcionario policial, un joven de 16 años fue enviado el viernes pasado a dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) durante dos años. En la investigación del crimen de La Teja, el menor presuntamente involucrado ya declaró en Fiscalía, pero hasta el momento no se dispuso que fuera imputado.