El plan de Cristina Fernández para 2021: intervencionismo a pleno y sociedad con empresarios amigos

En el arranque de la gestión de Alberto Fernández, bastó con un elogio a un editorial periodístico para que todos entendieran que no le gustaba la política de acercamiento del presidente a las agremiaciones empresariales, en particular a los grandes productores agropecuarios, al grupo industrial Techint y al multimedios Clarín.

Bastó con esa crítica para que Fernández cambiara su actitud y empezara a tomar distancia de estos sectores.

Luego, cuando el país atravesaba una fuerte tensión cambiaria y el dólar blue se acercaba peligrosamente a los 200 pesos argentinos -mientras el tipo de cambio oficial estaba apenas encima de 70- publicó una carta en la cual criticó el manejo de la economía y dejó en claro cuál era su consigna: se podía tolerar todo menos una devaluación. Fue a partir de allí que el gobierno empezó a tomar todo tipo de medidas -desde las “market friendly” que insinuaban un recorte fiscal hasta las operaciones de intervencionismo en el mercado- para achicar esa brecha.

No fue gratis, claro está. El costo de esa política fue un desplome de los bonos soberanos, que otra vez cotizan en el mercado como si Argentina fuera un país al borde del default. Y, además, se intensificaron las trabas en el comercio exterior, de manera de desalentar las importaciones. Pero la paz cambiaria reclamada por Cristina se logró.

Y, sobre fin de año, dio las pautas sobre cuáles son, a su entender, las prioridades de un 2021 en el que se celebrarán las elecciones legislativas de medio término. “Hay que alinear salarios, precios y tarifas”. Además, retó a los ministros que no se enfrentan con suficiente energía a los “poderes concentrados”.

Todos interpretaron de inmediato lo que ocurriría a continuación. Las subas en las tarifas públicas, que estaban previstas para este inicio de año, quedaron sin efecto. Y se espera que, como máximo, habrá un ajuste de 9% en marzo, un mes que coincide con subas salariales. Para Cristina, es imposible ganar una elección en medio de un tarifazo, sobre todo después de un año hiperrecesivo como el 2020 que dejó a 40% de la población bajo la línea de pobreza.

Pero no alcanza solo con eso. También quedó en claro que el dólar no deberá tener oscilaciones bruscas en todo el año. Y que otros precios del sector privado pasarán a ser fuertemente regulados. Por caso, se dio marcha atrás con una suba ya previamente autorizada para las empresas de medicina prepaga. Y se intervino el sector de las telecomunicaciones, con el argumento de que en tiempos de teletrabajo, la conectividad a internet pasaba a ser un derecho ciudadano fundamental.

También se acordó la continuidad de acuerdos de precios con las industrias alimenticias y los supermercados, con permisos de subas moderados, en un país que terminó el año con una inflación de 36%. Los economistas, como siempre, son escépticos sobre el resultado de estas políticas y pronostican que la inflación del 2021 será casi el doble del 29% que prevé el gobierno.

El regreso de los “expertos en mercados regulados”

Lo cierto es que todos, tanto los que admiran a Cristina Kirchner como los que la consideran la causa de los males del país, entendieron perfectamente los lineamientos fundamentales para este año: lo que viene es el fin de la moderación que intentó Alberto Fernández y empieza un período de radicalización. Una nueva versión del “vamos por todo” que había iniciado durante su gestión, y que supone una política de enfrentamiento continuo con sectores a los que se considere privilegiados.

Los empresarios ya están dando señales de haber entendido el mensaje. Por ejemplo, Marcelo Mindlin, un inversor de bienes raíces que 17 años atrás había apostado al sector energético, cuando los franceses que habían participado en las privatizaciones de los ’90 se fueron del país.

Mindlin sabía que tendría que soportar un período de tarifas congeladas pero que, tarde o temprano, tendría su premio, fuera bajo la forma de subsidios estatales, condonaciones de deudas o ajustes tarifarios. Así soportó toda la gestión kirchnerista con números en rojo y un récord de apagones.

Aun así, las acciones de la compañía se mantenían con alta demanda, porque había una expectativa de que en algún momento el entorno cambiaría. Y, efectivamente, con la llegada de Mauricio Macri al poder, la empresa Edenor tuvo su aumento tarifario que le permitió volver a tener ganancias.

Podría pensarse que después de esa peripecia, Mindlin tendría la piel curtida para soportar los vaivenes políticos. Sin embargo, sorprendió al mercado con el anuncio de que venderá su participación accionaria en US$ 100 millones, una suma que, para el tamaño de la compañía, se considera hasta cinco veces menos del valor real.

En otras palabras, el empresario está convencido de que el congelamiento tarifario llegó para quedarse y que no habrá forma de negociar con el poder político. Los compradores son Daniel Vila y José Luis Manzano, dos accionistas del canal de noticias América TV, junto a un fabricante de cloro, cuyo negocio consiste en venderle a la empresa estatal de agua.

Todas señales muy fuertes: América era uno de los canales más críticos del gobierno, y su plana mayor de periodistas acaba de mudarse en masa al canal de noticias del diario La Nación. En tanto, el empresario del cloro se hará cargo de Edenor, pero al mismo tiempo mantiene su estrecho vínculo con la empresa de agua, que está directamente controlada por Sergio Massa, uno de los tres socios de la coalición de gobierno y posible presidenciable en 2023.

Mientras tanto, crece la tensión entre el gobierno y la otra gran empresa eléctrica de Buenos Aires, Edesur, de capitales italianos, que sufrió un pico de apagones en las intendencias del conurbano bonaerense.

Muchos recordaron lo ocurrido en la década pasada con la petrolera YPF, cuando todavía estaba bajo la órbita de la española Repsol.

El entonces presidente Néstor Kirchner tenía una obsesión por renacionalizar la emblemática compañía, pero sentía que no había condiciones políticas para enemistarse con España. Fue entonces que llegó a un acuerdo: logró que Repsol vendiera la cuarta parte de las acciones al grupo Eskenazi, unos banqueros de la provincia de Santa Cruz, estrechamente ligados con los Kirchner.

Los Eskenazi nunca habían incursionado en el negocio petrolero, pero la justificación para su entrada en la compañía era que se trataba de un grupo empresarial “experto en mercados regulados”. La compra fue con un método muy particular: se hizo sin dinero, y se pagaba en cuotas, con el reparto de dividendos. El resultado fue obvio: el dinero que antes se destinaba a inversiones, ahora fue a la caja de Repsol, que intentaba reponer lo más rápido posible el valor de las acciones cedidas a sus nuevos socios argentinos “expertos en mercados regulados”.

Tras la muerte de Kirchner, a Cristina no le alcanzó con tener un delegado en el directorio de YPF y optó por reestatizar en 2012 toda la compañía, en una operación que le dio un enorme rédito político y una factura gigantesca a pagar para el Estado argentino. Como lección del caso, la ex mandataria aprendió que nunca hay que confiar del todo en los socios, dado que los Eskenazi terminaron haciéndole un juicio millonario al país.

Lo que viene: intervención a fondo en la salud

Pero lo de Edenor y la entrada de empresarios amigos del poder no se agota en ese caso. Cristina aprovechó la conmoción causada por la pandemia para replantear la organización del sistema de salud.

Y dio pautas claras sobre el futuro: hay un esquema injusto por el cual una minoría privilegiada que puede pagar obtiene servicios médicos de primer mundo, mientras otros sufren los problemas de infraestructura estatal.

Es por eso que se está pensando en una reforma integral, que ya está haciendo temblar a empresarios y a dirigentes sindicales. En Argentina conviven tres sistemas: uno estatal, uno privado y otro -las legendarias “obras sociales”- administrado por los sindicatos.

Cristina planteó “eliminar los peajes” de empresas prepagas y obras sociales, y además quiere que los recursos técnicos de las clínicas más importantes estén también a disposición de los usuarios de hospitales públicos.

Para algunos, una revolución democratizadora del sistema de salud; para otros, una captación de los recursos de privados que traerá como consecuencia una caída en la inversión y la consecuente pérdida de calidad en el servicio.

Primer conflicto del año: maíz que sobra y dólares que faltan