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En la campaña electoral, Daniel Noboa prometió comprar barcos-prisiones para ubicar a los líderes de las bandas que operan en los centros penitenciarios del país a 100 kilómetros de las costas del país. Pasados 45 días de su asunción, el presidente dijo las tres primeras unidades de esas características llegarán al país en siete u ocho meses.

Aunque esta fue una de las medidas más anunciadas en la lucha por llegar a la presidencia, Noboa reconoce que la situación de inseguridad es muy grave y que eso es insuficiente.

“Se trata de una medida complementaria y provisional para segmentar y para sacar a los presos que son amenazas reales a la seguridad ciudadana y del país y mantenerlos aislados hasta que se terminen de construir las cárceles de máxima y súper máxima seguridad”, dijo Noboa a principios de diciembre, a pocos días de la toma de posesión.

Luego hizo un nuevo anuncio. Dijo que en Ecuador se empezarán a construir dos cárceles de máxima seguridad como las que Nayib Bukele hizo en El Salvador. A menos de dos meses de la llegada de Noboa al poder, la inseguridad consume los anuncios del presidente.

Los niveles de penetración del narcotráfico en las costas del Pacífico convirtieron a Ecuador en el país más violento de América Latina en 2023. Los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes son una prueba patente del poder de las bandas transnacionales que operan, sobre todo, en las ciudades costeras del país.

Esa tasa de muertes es más del doble del promedio en la región. En efecto, América Latina ostenta una tasa de 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por sobre el promedio mundial, que es de 6,1.

Noboa decidió llamar Plan Fénix a su política de seguridad y penitenciaria durante la campaña electoral y tiene por objetivo crear un sistema único de inteligencia y equipar con armas y tecnología a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. A fin de sumar equipos y expertos, antes de asumir realizó una gira por países europeos en busca de apoyos.

Sin embargo, todavía Noboa no dio a conocer ese plan y solo anuncia medidas como la del control estricto de las cárceles, donde hay unos 30.000 presos, entre los cuales se encuentran muchos jefes narcos a los que se atribuye la dirección de acciones criminales y del comercio de drogas ilícitas.

Hasta ahora, las prisiones están custodiadas por policías, militares y civiles y, según Noboa, es un sistema corrupto e ineficiente. Por caso, el magnicidio del excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, se ordenó desde la cárcel de Cotopaxi, de acuerdo a las investigaciones policiales.

Otro ejemplo es que desde la Penitenciaría del Litoral salió la orden para realizar una ola de atentados con bombas de forma simultánea en Guayaquil en noviembre de 2022.

Otro de los argumentos de Noboa para enviar a los presos a alta mar y colocar a las Fuerzas Armadas en la represión interior es que los centros penitenciarios serían el centro de manejo  para corromper a jueces y fiscales a la hora de fallar sobre jefes narcos. Estos eligen la cárcel donde quieren estar y lograrían el ingreso de armas y teléfonos.

El propósito de Noboa con los barcos-cárceles es separar a los jefes de las bandas que operan en los centros penitenciarios e impedirles la comunicación con el exterior. Esas barcazas tienen capacidad para 400 presos y cuestan unos U$S 8.000.000 cada uno.

“Una barcaza puede llegar en siete u ocho meses, dependiendo de qué tan lejos esté. Muchas de las barcazas no están operativas o no son autónomas, tienen que ser arrastradas por otro barco”, dijo Noboa y procederían de Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

Lo que resulta más difícil es saber cómo será el estado de excepción similar al de Nayib Bukele en El Salvador, acusado de vulnerar las garantías democráticas.

Antes de la llegada de las barcazas, Noboa dijo que estarán en construcción dos cárceles “de máxima y súper máxima seguridad” que tomaron como modelo el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo salvadoreño.

“Ya hemos finalizado las conversaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador y México y con eso pondremos la primera piedra en enero”, dijo Noboa en una de sus últimas intervenciones públicas. A su vez, las dos primeras cárceles podrían estar listas en 200 días según el cronograma del Gobierno aunque no especificaron cuánto costarán ni dónde se construirán.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio otros detalles al canal Ecuavisa sobre cómo serían esas dos cárceles de “súper-mega seguridad” en tecnología y no necesariamente en tamaño.

El mismo Noboa dijo que las prisiones ecuatorianas se basan en el modelo de El Salvador, ya que las construirán “la misma gente, los mismos diseñadores, la misma compañía. Es cooperación israelí en el diseño de las cárceles de máxima seguridad con segmentación para delitos menores y contravenciones. Es un sistema que no lo inventó Bukele, sino que vino de México, y antes de ahí lo hicieron en Tailandia, en Singapur, en México, El Salvador y ahora lo tendría Ecuador”.

Ecuador ya tiene una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, que está dentro del complejo de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que permaneció cerrada durante seis años y reformada en 2022 para mantener aislados a los jefes de las bandas criminales.

El problema, según el presidente, no es solo de infraestructura, sino de cómo el crimen organizado está incrustado en el sistema judicial. Ecuador tiene 20 cárceles en todo su territorio, con 31.300 presos y con capacidad para 27.500; eso significa que hay un hacinamiento del 13%. Alrededor de 1.000 extranjeros detenidos con sentencias serán expulsados del país inmediatamente para disminuir el hacinamiento.

(Con información de agencias)

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