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El abandono de la lista de países poco colaboradores con el combate a la evasión, confirmado este jueves por la OCDE, no exime a Uruguay de seguir cumpliendo otras exigencias del organismo.

Dentro de las recomendaciones del organismo también se incluye suscribir acuerdos con socios relevantes, específicamente Brasil y Argentina, y modificar su régimen de acciones al portador que impide conocer a los titulares de las sociedades anónimas.

Para ello, el gobierno ya inició negociaciones a nivel del Mercosur con los socios mayores para compartir información tributaria, al tiempo que mantiene contactos bilaterales con Argentina para consensuar la firma de convenios tributarios.

La intención de Uruguay es suscribir además de un acuerdo para intercambiar datos otro que permite evitar la doble imposición, un aspecto sobre el cual Argentina no tiene mayor interés.

El otro aspecto está en diseño y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, anunció días atrás que “en semanas” estará pronto el proyecto de ley que modificará el régimen de acciones al portador.

La idea del gobierno es mantener el régimen de acciones al portador, pero facultar a la DGI para que centralice la información de la composición accionaria de cada sociedad.

La medida se instrumentaría a través del envío de la información mediante declaración jurada de las empresas.

Con esos pasos dados, Uruguay estará en condiciones de acceder a la fase 2 de la revisión de la OCDE, que es la que mide el efectivo cumplimiento de las exigencias
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