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El sistema de espionaje que rige en Estados Unidos

Es legal y le permite controlar todos nuestros pasos

Por  Carolina Bellocq

El 11 de setiembre de 2001 marcó un antes y un después. No solo fue una humillación, una masacre y un tiro por la espalda a los estadounidenses; fue también un acicate que despertó su instinto defensivo hasta niveles insospechados. Después de las casi 3.000 muertes por los atentados terroristas, los militares de Estados Unidos se lanzaron a una guerra en busca de armas de destrucción masiva, los oficiales amplificaron todo tipo de controles en los aeropuertos y los civiles, representados por sus legisladores que votaron a toda máquina, entregaron al Estado todas las llaves de su casa cuando aprobaron la ley Patriota.

Siempre se dijo que esta norma se sancionó a las apuradas y al calor de uno de los momentos más dolorosos de la historia de un país. Pero ahora, recién ahora, millones de personas comienzan a darse cuenta del alcance de dicha medida, que por estas horas aparece citada en casi todos los artículos que intentan explicar los controles del gobierno sobre las llamadas telefónicas de los civiles estadounidenses y la actividad en internet de todos los extranjeros.

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La sección 215 de esa ley es tan amplia que parece transparente: habilita al gobierno a buscar “cualquier cosa tangible” de cualquier estadounidense, a los efectos de “proteger contra el terrorismo internacional o las actividades de inteligencia clandestinas”. Para esto se necesita una orden del FBI y algún motivo de relevancia para la seguridad nacional, pero no es necesario que haya motivos serios para pensar que la persona puede estar involucrada en actividades criminales. O sea: se puede recolectar información de cualquiera, y esta semana el gobierno reconoció que así lo hace desde al menos siete años.

Una cláusula de esa sección establece algo casi macabro: que los que ceden información privada a pedido del gobierno no pueden revelarlo. De esta forma, nadie sabe que el Estado sabe.

EEUU también actúa sobre los fundamentos que le da la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), que fue reformada sucesivas veces y ahora permite obtener información electrónica y física de los estadounidenses y extranjeros, según una enmienda votada el 28 de diciembre de 2008. Para obtener datos privados de los primeros se necesita una orden judicial emitida por una corte secreta y, otra vez, nadie puede declarar que cedió información al gobierno. Pero para recoger datos de los extranjeros, en cambio, no se fijó ningún límite.

Hasta la semana pasada, los estadounidenses tenían cierta noción del control que el Estado ejercía sobre ellos. Sabían que miraban los libros que sacan en las bibliotecas, que poseían fichas de cada uno con sus datos biométricos, que tenían certeza sobre si poseían armas o no, y cuándo y hacia dónde se iban de viaje y con qué pertenencias en la mochila. Incluso sabían que ahora los autos vienen con caja negra, que se exponen a la mirada de un agente a través de un escáner corporal cuando se toman un avión y que cierta información sensible –como su historia clínica, sus movimientos en los bancos o los archivos de sus computadoras– puede ser velada si hay una orden judicial mediante que lo indique necesario.

Además, casi todos admitían algo poco políticamente correcto, pero no más tranquilizante, como el hecho de que algunas personas que tuvieran una mayor afinidad con el mundo islámico fueran sometidas a cierto nivel de vigilancia mayor. No se mencionaba con claridad, pero era muy posible que sucediera y así se aceptaba.

Pero a fines de la semana pasada, y de la noche a la mañana, los ciudadanos de EEUU, y del mundo, se enteraron de que sobre todos ellos hay un control mucho más férreo que el que podían imaginar. Infinitamente superior al que creían que se ejercía respecto de los sospechosos de terrorismo.

Primero, una orden judicial divulgada por The Guardian reveló que desde hace al menos siete años el Estado lleva el registro de las llamadas de todos los clientes de la compañía Verizon. No se estudia el contenido de los diálogos, pero sí su duración, localización de los interlocutores y líneas de teléfono involucradas. De todos los clientes, no solo de los sospechosos o delincuentes conocidos. Y de todas las llamadas, al interior o al exterior del país.

Sin que los civiles tuvieran casi tiempo para reaccionar ante esto, The Guardian y el Washington Post revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) accede a toda la información que las personas generan en internet. Según se filtró, desde hace al menos seis años las firmas que ceden sus bases de datos al gobierno son varias, entre las que están Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, Skype o Apple. La información que pasan a diario, ya no solo de los estadounidenses sino de todos sus usuarios en todo el mundo, todavía ni se puede determinar con exactitud. Sí se descuenta que se entregan los historiales de chat, correos electrónicos, mensajes, contactos y actividad en redes sociales, datos de ubicación obtenidos a través de GPS, intereses comerciales, gustos, fotografías… la lista podría no terminar.

Como resumió Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en IE Business School, el régimen de George W. Bush y luego el de Barack Obama crearon un sistema que permite acceder “sin ningún tipo de supervisión judicial a los datos de empresas online, y según un formato legal que obliga a las compañías a aceptarlo y a no revelarlo”. Se trata de algo “pensado específicamente para poder espiar a todos con un nivel desconocido hasta entonces: lo que leíste, lo que buscaste, tus amigos, tus hábitos, qué haces... todo lo que se imagine”. Y más.

Con la masificación de internet, Carnivore fue el primer gran sistema que el FBI utilizó para entrar en las computadoras de los estadounidenses, entre 1997 y 2005. Se instalaba en los proveedores de acceso a internet y, por medio de un pedido judicial, permitía acceder a la computadora de un usuario y rastrear toda su actividad en línea. Se usaba solo para vigilar a personas concretas y debía su nombre a la capacidad de poder llegar hasta el hueso, el núcleo de la información. Fue descartado en 2005.

Todavía no hay certeza acerca de cuándo comenzó a utilizarse su más poderoso sustituto, Prism. Develado al mundo la semana pasada por Edward Snowden, que trabajó para la NSA y la CIA y no toleró que su gobierno espiara a la gente, en 2007 el software accedió a los archivos de usuarios de Microsoft, y luego se fue infiltrando entre los demás proveedores de servicios en línea, amparado en la ley Patriota y la FISA. Ahora se confirmó que EEUU lo sabe todo, y no solo de aquellos que están en su territorio, sino de todos los que usan alguno de los servicios obligados a pasar información al gobierno estadounidense. Las barreras geográficas se eliminaron.

El director de la NSA, Keith Alexander, justificó que con este programa el Estado pudo evitar “docenas y docenas” de potenciales ataques terroristas. Los equipos de inteligencia “están haciendo exactamente lo correcto” para proteger a su gente de posibles amenazas a su seguridad, insistió.

Y no fue criticado por esto. Tampoco nadie ha pedido la cabeza del presidente que está al frente de estas políticas de espionaje, sino todo lo contrario: esta semana el Pew Research Center divulgó una encuesta según la cual el 63% de los estadounidenses consideran que es más importante la investigación de las amenazas terroristas que la protección de la privacidad, algo que defendió apenas el 34% de los consultados.

Seguramente a la hora de expresar estas opiniones, lo mismo que cuando fueron redactadas la ley Patriota o la ley FISA, pesó en la memoria el recuerdo y el dolor que dejó el 11S.
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