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“Contra el ajuste y en defensa de las empresas públicas”. Bajo esa consigna los trabajadores de las empresas públicas realizarán este miércoles un paro nacional de 24 horas. La medida organizada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes incluirá una concentración frente a las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas con  marcha hasta el edificio de Torre Ejecutiva en plaza Independencia. Será una de las primeras movilizaciones de cara a la discusión de la nueva ley de presupuesto quinquenal.

Al margen que cada sindicato tiene sus reivindicaciones particulares, la detención de tareas es en rechazo a rebajas salariales, recortes en ingreso de personal, reducciones presupuestales  y   disminución de las inversiones en el sector público.  En relación al tema salarios aún  no está claro de qué manera se procesará el ajuste de enero próximo y si cubrirá o no la totalidad de la inflación observada en el año.

También se solicita una renta básica que garantice la alimentación y sanidad de los sectores de la sociedad más golpeados por la crisis generada por la pandemia, junto con la entrega de una canasta  básica de servicios públicos gratuita que incluya energía eléctrica, supergas, agua potable  e internet por tres meses.

“Si se siguen dando recortes de inversión, de gastos, de personal, es muy probable que en pocos años tengamos empresas públicas raquíticas que no puedan ejercer lo que tienen que ejercer”, afirmó el dirigente de la Federación de Funcionarios de  OSE Ismael Cortazzo en un video publicado por ese sindicato.

Con motivo del paro nacional  no habrá atención al público en las dependencias de los bancos estatales. Tampoco en las oficinas comerciales de las entes aunque se dispondrá de guardias gremiales para atender servicios esenciales.

Ancap y el pórtland

La Federación de Ancap, tiene como una de sus reivindicaciones centrales al negocio del pórtland. Esta actividad arrastra  números en rojo desde hace 20 años y el directorio del ente tiene a estudio un plan estratégico, que entre sus alternativas posibles incluye mantener abierta la planta de Minas y cerrar la de Paysandú. Otro escenario manejado por las autoridades es que siga abierto el complejo industrial del litoral del país, pero condicionado a la participación de un inversor privado.

El sindicato exige que el negocio continúe bajo la gestión enteramente estatal  y que la empresa haga las inversiones necesarias para que la actividad  sea rentable en el futuro.

“Desde hace años venimos afirmando que sin la instalación del horno 3 no hay futuro para el pórtland, y hoy lo reafirmamos. Nos decían que no había recursos para instalarlo y desde el año 2012 perdieron US$ 200 millones justamente por no hacerlo, el doble de lo que hubiese costado instalarlo y que nos hubiera permitido bajar los costos de la producción de US$ 150 a US$ 90 la tonelada”, explica un documento de ese gremio al que accedió El Observador. Hoy habrá una reunión por el tema entre Fancap y el presidente Luis Lacalle Pou.

Antel y los privados

En tanto, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) pide la regularización de 857 contratos de función pública. En el mes de mayo el entonces presidente de la empresa Guillermo Iglesias había aprobado la presupuestarían de esos funcionarios, pero luego esa decisión fue revocada a pedido de Lacalle Pou. La medida original le costó el cargo a Iglesias.

También se pide “potenciar” Vera Tv y Vera+.  El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció semanas atrás que Antel dejará de comprar y de producir contenidos para Vera TV ya que ese cometido no está en su Ley Orgánica. La empresa estatal se enfocará en los servicios que están dentro de sus cometidos y que le son redituables. El sindicato también rechaza que la infraestructura de fibra óptica se alquile a los cableoperadores privados  para la prestación de servicios de banda ancha al hogar, tal como se propone en el nuevo proyecto de ley de Medios a estudio del Parlamento.

Sin llenar vacantes

Por otro parte, el sector de banca oficial de Aebu se plegará a la medida para protestar por el no llenado de vacantes dispuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la banca pública. Según advierte el sindicato bancario, ese recorte se sentirá principalmente en dependencias del interior del país donde hay trabajadores con una franja etaria más elevada, por lo que existe el riesgo de que a futuro no haya personal para cubrir algunas sucursales. También se sostiene que a medida que falte personal eso puede implicar pérdida de negocios y de ingresos, además de que se van a resentir los servicios que se brindan y a tercerizar otros.

 

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