Empresas públicas podrán contratar seguros cambiarios de forma más rápida

La gestión siempre ha sido a través del Poder Ejecutivo. Ahora un artículo incluido en el proyecto de la Rendición de Cuentas propone que los entes tengan potestad para negociar y contratar sus coberturas de riesgo financiero y de mercado. Esa modificación busca acompasar los tiempos de contratación a la dinámica de los mercados financieros.

El director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil afirmó esta semana que en el caso de las empresas públicas el régimen actual de contratación de los instrumentos financieros no está acorde con las prácticas internacionales actuales, dado los cambios tecnológicos que se han dado.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y a pedido de los diputados, Kamil puso un ejemplo para el caso de una empresa pública que tiene deuda en dólares y recauda en pesos.

Si hay una devaluación del peso, la empresa está expuesta a que su balance sufra una pérdida. En este caso puede ser óptimo para la empresa tomar un seguro contra esa devaluación.

Pero para la contratación de esos seguros se requiere un proceso administrativo que puede demorar hasta siete semanas. En los mercados financieros los precios de derivados pueden variar de un día para el otro y mientras se desarrolla el proceso de contratación la empresa puede terminar en desventaja respecto al momento en que lo inició o perder una oportunidad que se le presente.

"Proponemos un mecanismo que le permita a la empresa pública contratar en forma más rápida y actuar en forma más ágil para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias. (...) Hoy las operaciones se cierran en cuestión de minutos, no en semanas", afirmó Kamil.

En caso de aprobarse el artículo se deberá dictar un decreto reglamentario que cumpla con los criterios de contralor del Tribunal de Cuentas y con la ley de autorización de endeudamiento de las empresas públicas.

Experiencias recientes

Hace un par de años en 2016 el gobierno contrató un seguro con el Banco Mundial para reducir las "vulnerabilidades" de eventuales shocks externos que pueda provocar una suba del crudo. Por medio de ese instrumento, ANCAP tenía una cobertura de 6 millones de barriles por un año (hasta junio de 2017) con un precio de US$ 55 por barril. El seguro se activaba si se superaba ese umbral, cosa que nunca ocurrió.

El único costo fue el pago de la prima de US$ 15,7 millones que corrieron por cuenta del MEF. A diferencia de un anterior mecanismo que se había contratado para ANCAP el gobierno no pagó ninguna compensación cuando el crudo cotizó por debajo de los US$ 55.

En 2013 y a través del gobierno UTE había contratado al Banco Mundial un seguro anti-sequía a 18 meses que cubría hasta US$ 450 millones de pérdidas por posibles impactos en los costos de generación, a cambio de US$ 55 millones.

La póliza se activaba si el promedio de precipitaciones estaba por debajo de la referencia que se utilizó para el contrato, cosa que ocurrió en algunos meses. Por cada gigavatio de energía menos que se generaba se pagaba el equivalente a 2600 barriles de petróleo. Por ese entonces la disponibilidad de energía eólica era todavía muy escasa.

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