Dieciocho militares de Colombia, incluido un coronel, fueron apartados de sus cargos por estar involucrados en un escándalo por amenazas a una población por parte de soldados que se hicieron pasar por guerrilleros, informó este martes el ejército.
La semana pasada, circuló en redes sociales y medios un video que muestra a los uniformados con el rostro cubierto y apuntando sus fusiles contra niños, mujeres y otros pobladores en una zona rural de Tierralta, en el departamento de Córdoba, al norte del país.
Los acontecimientos, ocurridos el 11 de septiembre, siguen siendo confusos. Un grupo de hombres armados que usaban prendas oscuras y cubrían sus rostros con pasamontañas amenazaron a la población civil, incluidas mujeres embarazadas y niños.
Varios videos realizados con los teléfonos móviles de los habitantes dejaron testimonio del hostigamiento, y en pocas horas se volvieron virales; testigos señalan que incluso habrían intentado violar a una mujer indígena.
Lo que se supo después era que no eran miembros de las disidencias de las FARC, como ellos mismos habían anunciado a su llegada, sino soldados del Ejército, pertenecientes al Batallón Junín.
Mientras la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar inician investigaciones del hecho, el comandante del Ejército Luis Mauricio Ospina informó este martes que decidió retirar a 6 oficiales y 4 suboficiales, al considerar que su comportamiento “comprometió los principios y valores de la institución”.
El general asegura que “los procedimientos llevados a cabo fueron totalmente contrarios a las normas, leyes y la doctrina militar”. También ordenó el retiro de 8 soldados profesionales que estuvieron vinculados a los hechos, y otros 13 que no participaron directamente, pero tuvieron algún tipo de relación fueron enviados a desempeñar labores administrativas.
El comandante de la brigada que opera en esa región, coronel José Edilberto Lesmes, está en el listado, según dijo un responsable de la institución a la agencia AFP.
El presidente Gustavo Petro comparó sus comportamientos con incidentes que ocurrieron durante el auge del paramilitarismo, los escuadrones de derecha que aliados con algunos miembros del ejército sembraron terror en su lucha contra las guerrillas, antes de su desarme en 2006.
"No es un caso aislado", dijo Petro la semana pasada. "¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes (...). Era para la sociedad, para decirles: 'Este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos (...) Los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares", reclamó el mandatario.
A lo largo de medio siglo de conflicto interno en Colombia, los militares se han visto inmersos en escándalos por violaciones de derechos humanos.
Entre 2002 y 2008, miembros de la fuerza pública asesinaron a más de 6.400 civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate en una práctica macabra conocida como "falsos positivos", según el tribunal que investiga los peores crímenes de la guerra.
(Con información de agencias)
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