Encuentran fisura en exigencia de OCDE para identificar a accionistas

Argentinos podrán utilizar sociedades extranjeras a la hora de comprar inmuebles

Los argentinos –que son los primeros inversores inmobiliarios en Punta del Este y explican en buena parte el éxito actual del negocio de la construcción– podrán seguir adquiriendo propiedades en Uruguay a través de sociedades extranjeras sin verse obligados a tener que informar al gobierno uruguayo los nombres de los dueños de esos negocios.

De esta forma, también estarán a resguardo –de momento– de declarar propiedades en el país en el marco del intercambio de información tributaria que negocian los fisco de Uruguay y Argentina.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exigió a Uruguay un cambio en su régimen de acciones al portador que permita identificar a los titulares de las compañías. Uno de los temores del gobierno uruguayo es que el cumplimiento de esa normativa afecte a los inversores. En la redacción del proyecto se establece un mecanismo por el cual todas las acciones al portador serán identificadas, salvo las de sociedades extranjeras que no tengan una actividad relevante en el país. Según consultas de El Observador entre especialistas tributarios, el texto propuesto por Uruguay cumple con los requisitos de la OCDE.

El proyecto de ley que redactó el Ministerio de Economía, y que espera remitir al Parlamento a comienzos de abril, propone identificar a los propietarios de acciones al portador, pero exoneró de la obligación de informar a ciertas sociedades extranjeras dependiendo del peso de la actividad que realicen en Uruguay. El texto estableció que deberán informar las sociedades que estén “obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Comercio”. Por lo tanto, las que no deban estar en ese registro, no tendrán que identificar a sus accionistas.

El Observador consultó a tributaristas –que pidieron anonimato–, quienes reconocieron que el proyecto de ley permite que cualquier persona pueda comprar inmuebles, por ejemplo utilizando una sociedad panameña, sin que el gobierno uruguayo esté obligado a recabar información sobre los dueños de las acciones de esa sociedad.

En el Peer Review (evaluación de otros países) la OCDE exige que las acciones a identificar sean aquellas que tengan “un vínculo o conexión relevante” con el país.

El proyecto oficial, que fue entregado a representantes del Frente Amplio y de la oposición para que le introdujeran cambios, previó que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sea el organismo estatal que recabe la información, a la que hoy no se accede con el régimen de Sociedades Anónimas.

El senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional) propuso en la reunión de los líderes políticos con el ministro Fernando Lorenzo (Economía) que en lugar de la Auditoría sea el Banco Central el que reciba los datos de los accionistas.

La OCDE había observado a Uruguay, sin permitirle pasar la revisión del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, por su secreto bancario –que ya fue flexibilizado–; la falta de un mínimo de 12 acuerdos de intercambio de información tributaria con países relevantes –ahora se cuenta con más de 12 y se negocian tratados con Argentina y Brasil–; y por el sistema de acciones al portador, que es el más extendido en Uruguay.

El organismo internacional entendió que Uruguay, con su régimen societario, no está en línea con la transparencia que se exige en materia tributaria.

El mecanismo que utilizará Uruguay, permitiendo que algunas sociedades extranjeras no deban reportar sus datos a la Auditoría Interna, “cumple con la OCDE”, dijeron los expertos.

Las sociedades extranjeras on shore u off shore son “vehículos legítimos” para adquirir inmuebles u otros activos, sin que ello viole los preceptos internacionales. “La OCDE no puede obligar a un país a que identifique a accionistas de otras jurisdicciones, esa información deberá recabarse en el punto de origen de la sociedad”, explicaron de grandes estudios jurídicos.

Para los expertos, la mera tenencia de un inmueble en Uruguay no constituye la hipótesis de configuración de establecimiento permanente y por tanto, según el texto que se enviará al Parlamento, en esos casos no hay que informar al gobierno y en consecuencia este no podrá pasar datos a fiscos extranjeros.

De acuerdo al proyecto, la información que recabará la AIN se manejará bajo “reserva” y tendrán acceso a ella, la Dirección General Impositiva, la Unidad de Análisis e Información Financiera del Banco Central y las sedes penales del Poder Judicial.

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