Diego Battiste

Escribano que cayó con custodio de Lacalle Pou había quedado inhabilitado para ejercer en marzo

Además del antecedente de marzo, en 2005 había enfrentado una sanción igual

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29 de septiembre de 2022 a las 13:03

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El escribano Álvaro Fernández gestionaba las partidas, indicaba los pasos a seguir y oficiaba de gestor en la banda que falsificaba pasaportes, de la que también participaba Alejandro Astesiano, el jefe de la custodia del presidente, Luis Lacalle Pou. Pero Fernández, según informó Crónicas del Este y confirmó El Observador, tenía la matrícula suspendida

Esto se le fue notificado el 30 de marzo de este año y quedó suspendido desde el día siguiente, según constató El Observador. No se trató de una desinvestidura voluntaria, sino resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Ya había sido inhabilitado en un contexto similar en 2005

El modus operandi a la hora de falsificar los pasaportes era el siguiente: primero contactaban a los rusos, luego adulteraban sus partidas de nacimiento para que figuraran como “ciudadanos naturales” uruguayos y por último los acompañaban en el proceso de emisión de la cédula de identidad y el pasaporte.

Fernández era el gestor y Alexey Slivaev intervenía como traductor y nexo: conseguía los clientes y acordaba los montos que luego repartiría con el escribano. Así, adulteraban partidas rusas originales, inscribiendo como hijos de uruguayos a ciudadanos rusos, y les indicaban cuándo debían presentarse en DNIC.

Astesiano, el custodio de Lacalle Pou, aportaba los contactos con funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos que organizaban los trámites.

El grupo llegó a cobrar US$ 10 mil por pasaporte. En la Fiscalía sospechan que los documentos eran usados para ingresar a Europa y que quienes los sacaban pretendían vincularse con organizaciones delictivas.

Los datos de las partidas adulteradas estaban registrados en varios departamentos y ciudades, como Montevideo, Río Negro, Minas, entre otros.

También detectaron múltiples movimientos migratorios de rusos en Uruguay que parecían atípicos. “Los imputados aprovecharon esos huecos para organizar actividad ilícita”, sostuvo Fossati en audiencia.

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