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La decisión de Asamblea Uruguay y del Nuevo Espacio de no votar el proyecto de ley sobre cincuentones presumiblemente forzará a corregir el empecinado error de la mayoría del Frente Amplio que, de mantenerse, pondría en riesgo la estabilidad económica del país. La firme actitud del sector que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori, se sustenta en el altísimo costo injustificado que tendría el proyecto, que defienden el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sectores frenteamplistas y el PIT-CNT.

La posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es inobjetable. No tiene asidero que, con el obvio propósito de debilitar a las AFAP, el Estado gaste en las próximas décadas no menos de US$ 3.700 millones cuando el mismo objetivo de atender los reclamos de los cincuentones puede cubrirse adecuadamente con un tercio de esa suma. Los efectos de persistir en el proyecto original, por otra parte, van más allá de su impacto en las finanzas públicas. Trascendió que las calificadoras de riesgo están siguiendo el tema con preocupación, ya que el inevitable empeoramiento del déficit fiscal que causaría la fórmula en danza puede epilogar con la pérdida del grado inversor. En ese caso al país se le encarecería el crédito en los mercados financieros y se desalentaría la inversión externa que el gobierno procura. Incidiría incluso en la posible nueva planta de UPM, por agravamiento de las dudas que tiene la empresa finlandesa sobre la capacidad del gobierno para cumplir los compromisos que ha asumido en esa obra.

Resulta claro el error del cálculo inicial del Banco de Previsión Social (BPS) sobre el costo de reparar las pérdidas jubilatorias sufridas por un sector de los aportantes a las AFAP. El BPS lo estimó en octubre en entre US$ 1.260 y US$ 2.910 millones. Pero posteriormente el MEF corrigió esas cifras, pese a lo cual la mayoría de la bancada legislativa del Frente Amplio insistió en que se apruebe sin modificaciones el proyecto original. Hasta el presidente Tabaré Vázquez, asediado por las divisiones internas que fragmentan a la fuerza gobernante, le dio la espalda por primera vez a Astori al negarse públicamente a enviar cambios al proyecto del BPS.

La situación ha cambiado drásticamente con el anuncio de Asamblea Uruguay y del Nuevo Espacio, sin cuyos votos el proyecto de ley carece de mayoría para aprobarlo, ya que no tiene respaldo en la oposición. Pero aunque se lo perfeccione tardíamente, el tema igualmente ya ha dañado la imagen del gobierno y de Uruguay como país serio. Se debió atender más a tiempo la posición sensata del MEF con el reconocimiento de un error de cálculo y con el abandono de la renovada ofensiva contra las AFAP, valioso elemento irreemplazable del sistema de seguridad social. Se llegó, en cambio, al extremo de una profunda confrontación abierta dentro del Poder Ejecutivo y entre sectores claves de la fuerza que gobierna desde hace 12 años, con el consiguiente costo de descrédito dentro y fuera de fronteras.
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