Estafa al municipio de Solís de Mataojo: robaron $ 600 mil y alcaldesa acusa a funcionaria de su confianza

La funcionaria en cuestión tenía acceso a todas las cuentas del municipio y era la encargada de realizar pagos e ingresos. En las últimas horas fue citada a la sede policial y esgrimió el mismo argumento que en la municipalidad: señaló que había sido "hackeada". El dinero, que salió en diversas entregas de la cuenta, se transferían a diferentes redes de cobranza, informaron fuentes de la Jefatura de Lavalleja a El Observador. De acuerdo a lo que denunció Machado, fue esta mujer, de su estricta confianza, quien lo cobró.

Oficialmente, la jefatura reportó en un comunicado que el caso está cargo a nivel de la Dirección Departamental de Investigaciones. La denuncia refiere a una estafa y señala que el área contable de la Intendencia de Lavalleja logró constatar "movimientos atípicos en la cuenta BROU del Municipio de la localidad" que habían sido reportados. 

A nivel municipal, se inició una investigación administrativa. En cuanto al camino judicial, la funcionaria fue citada a declarar junto a su abogado para la semana que viene, señalaron fuentes policiales. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno, que actualmente ocupa la Dra. Cecilia Saavedra. 

"La verdad que estamos muy preocupados y muy atentos. Es algo muy nuevo, aquí en nuestra localidad nunca había pasado algo así, de esta naturaleza, y te descoloca un poco", dijo el concejal frenteamplista Sebastián Cañón a El Observador. "Nosotros detectamos que habían movimientos de la cuenta corriente del municipio que no tenían un aval. No era posible comprobar el gasto", relató.

Señaló además que no tienen críticas sobre este punto para la alcaldesa. "Yo creo que actuó bien, porque ella apenas supo lo que estaba pasando siempre quiso en todo momento llegar a la verdad y denunciar", aseguró. Machado manifestó a El Observador que este jueves le tomaron declaración tanto a ella como a otros funcionarios en el marco de la investigación administrativa, pero no dará más declaraciones para no "entorpecer la investigación". 

Por otra parte, Cañón expuso que él junto a otros funcionarios públicos también participaron de la denuncia que se radicó ante la Justicia. Mientras tanto, la administrativa avanza ágilmente. Él y más testigos ya prestaron su versión de los hechos. 

Cuatro municipios golpeados por la corrupción

Florencio Sánchez

En Florencio Sánchez, la ciudad de Colonia que limita con Soriano, el alcalde Alfredo Sánchez fue condenado junto a otras ocho personas, entre las que estaban sus dos hijos y su esposa en 2021.

Bajo el nombre de Corruptio, la operación comenzó a investigarse en 2018 a partir de la denuncia de un particular y terminó por desenmascarar una red de corrupción por la cual el alcalde, sus familiares y funcionarios intercambiaban canastas de alimentación o boletos por votos, se quedaban con motos incautadas, utilizaban materiales de construcción del municipio en beneficio propio, entre otras irregularidades que terminaron en la condena por los delitos de asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y fraude.

Dolores

En marzo del 2021 fue condenado a seis meses de prisión efectiva y seis meses de libertad vigilada con arresto nocturno el alcalde nacionalista de Dolores, Juan Andrés Oronoz, por un delito sexual contra un menor de edad.

También se lo condenó a reparar patrimonialmente a la víctima, un adolescente al que contactó a través de WhatsApp y le pedía "fotografías de contenido sexual”. La fiscal Virginia Sigona dispuso entonces la incautación de todos sus dispositivos electrónicos e informó al portal Agesor que los contenidos habían sido borrados del celular.

Valentín 

El alcalde colorado Tabaré Leivas, de Valentín (Salto), fue imputado por tráfico de armas en un caso de abigeato en abril de 2020. Junto a él fueron imputados por la Justicia su hijo y tres personas más por integrar una banda dedicada al abigeato.

Leivas fue imputado sin prisión, a pedido de la fiscal de Salto, Beatriz Protesoni, por el delito de tráfico interno de armas y debió fijar domicilio y presentarse una vez por semana en la seccional de Valentín.

Por su parte, el hijo del alcalde fue formalizado por el delito de abigeato con las mismas medidas pero se le impuso la prohibición de acercarse al predio de la persona que denunció el robo del ganado. A las otras tres personas se las acusó por abigeato y por tráfico interno de armas y se les impuso la misma pena de presentarse semanalmente en la seccional policial.

San Antonio (Salto)

Martín Barla, alcalde colorado de San Antonio, fue imputado en octubre de 2019 por el delito de abuso de funciones y condenado un año después a 18 meses de libertad vigilada, informó entonces Subrayado. El alcalde, en ese momento en funciones, se ofuscó con unos trabajadores municipales que realizaban trabajos de caminería por entender que no debían estar ahí, se subió a una motoniveladora y comenzó a chocar la excavadora de la intendencia.

El episodio de violencia motivó que la intendencia retirara las máquinas de la localidad y los funcionarios realizaran la denuncia penal contra el alcalde. Los concejales integrantes de la alcaldía impulsaron un juicio político y le solicitaron la renuncia al cargo. La resolución judicial lo inhabilitó a ocupar cargos durante dos años y le impuso una multa de $ 120 mil.