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El Centro de Estudiantes de Derecho (CED), el Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Universidad de la República y la agrupación No al 218 se proclamaron mediante comunicados al respecto de lo sucedido en la galería Montecarlo en la que la Policía allanó 15 locales de fotocopias deteniendo a 40 personas.

Representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) le dijeron a El Observador que todavía no han tomado una postura sobre el asunto, pero anunciaron que en el consejo federal realizado este lunes hablaron del tema.

Desde el CED se llamó a una reunión urgente con las autoridades universitarias, y con las autoridades de la Federación de Cultura Universitaria, se pidió “seguir profundizando las acciones concretas de reducir costos de estudio y promover el acceso a materiales”.

Por esto proponen en su comunicado continuar con las impresiones de “ediciones estudiantiles” de bajo costo, promover la distribución de libros digitales, profundizar las becas en fotocopias, conseguir fondos para que los profesores creen materiales de estudio que puedan ser usados por el estudiantado, que se autoricen determinadas obras a ser fotocopiadas y que se adquieran más obras en la biblioteca de la universidad.

Mientras tanto, el Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Universidad de la República emitió un comunicado en el que establecen que si bien es ilegal fotocopiar libros, “la ley no se adapta a la realidad actual”; establecen que es “a raíz de los altos costos de los libros de texto se debe recurrir a las fotocopias”.

Mencionan un estudio realizado por LatinProject.org, en cinco universidades en el que dicen que queda claro que la fotocopia en papel de capítulos sueltos de libros de texto, es el formato más utilizado entre los estudiantes, alcanzando un 63%.

En base a esto proponen una organización de la que ya son parte, la Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos, que comenzó a principios del 2012 financiado por la Unión Europea. “Sus principales objetivos son disminuir el problema del alto costo de los libros de texto en la Educación Superior de América Latina y generar contenidos desde y para Latinoamérica, pensando en los diferentes contextos, culturas e idiomas”, establecen. “Todos los libros de texto estarán licenciados con Creative Commons, permitiendo que cualquier docente pueda modificar, adaptar a sus cursos, traducir o distribuir, los libros de texto generados según sus necesidades. Y los estudiantes podrán leerlos, imprimirlos, compartirlos, así como verlos en diferentes formatos como celulares, tabletas y lectores de libros electrónicos”.

Por otra parte, No al 218, una organización de estudiantes nucleados en contra del artículo 218 de la Rendición de Cuentas, señala en una nota titulada “Prohibido estudiar” que la ley “criminaliza una de las prácticas más corrientes de los estudiantes, docentes y centros de estudios de nuestro país, sin la cual sería extremadamente difícil acceder a los materiales de estudio”.

Agregan pidiendo una “urgente reforma de nuestra ley de derechos de autor que se adapte a los tiempos en que vivimos y que no criminalice a la población”. Y finaliza diciendo que “lo más llamativo es que la denuncia proviene de la Fundación de Cultura Universitaria, editorial cuya misión declarada es la de ‘difundir las ciencias jurídicas y sociales y la cultura en general, mediante publicaciones u otro medio adecuado a tal finalidad, tendiendo, en especial, al abaratamiento del material bibliográfico de uso estudiantil’. Sin embargo, los precios de su catálogo no se condicen con este objetivo, llegando a ofrecer libros impresos por hasta 2500 pesos y libros digitales (cuyo costo de reproducción se reduce a cero) por hasta 1200 pesos. Así, la FCU ocupa una posición dominante en la edición de libros que son indispensables para los estudiantes universitarios y, debido a su política de precios, fomenta que los estudiantes recurran a las fotocopias para poder estudiar".
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