Eutanasia: colorados y FA se unen para derogar artículo del Código de Ética Médica

Gallo señaló este jueves al El Observador que el nuevo proyecto incluirá la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica. Establecido por ley desde 2014, allí se indica que la eutanasia activa, entendida como la "acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión". 

La derogación de ese artículo fue sugerida este miércoles en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados por una delegación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Su vigencia sería incompatible con el derecho que se pretende regular. Así lo advirtió el director de esa institución, Daoiz Uriarte. Con todo, también llamó a salvaguardar el derecho de un médico a la objeción de conciencia. 

"Es un error que los códigos de ética sean leyes", apuntó Uriarte. "La ley puede regular que esos códigos no se conviertan en un factor de discriminación en que la ética pase a ser una forma de control de una corporación". El especialista insistió: "si se hace una ley que dice que esto no es delito, no es delito. Punto". 

La eventual derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica es uno de los asuntos más complejos de un tema por demás polémico. La actual directiva del Colegio Médico optó por evitar un pronunciamiento formal. En cambio el expresidente de ese colectivo, Blauco Rodríguez, fue terminante: la eutanasia es incompatible con la profesión. Su postura es respaldada por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que asegura que para modificar el código se debe recorrer el mismo camino que cuando fue aprobado, a través de un plebiscito entre todos los médicos del país. Recién allí, indicó, podría ser ratificado a nivel legislativo. 

Gallo dijo este jueves no tener dudas: una ley puede derogarse con otra ley. El diputado frenteamplista se preguntó en ese sentido si "una sociedad puede ser rehén de un colectivo", al señalar la posibilidad de que los médicos puedan rechazar, en un plebiscito y por mayoría, el cambio en su código de ética. Gallo, médico de profesión, también se preguntó si ante esa eventualidad los legisladores deberían quedarse de brazos cruzados. 

Ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho dejó otras sugerencias para incorporar al articulado. Una es la de incluir una "garantía adicional" a nivel judicial y prever una tercera consulta a realizar por la persona que quiere acceder a la práctica. Uriarte recomendó allí la participación de un fiscal, que en un plazo máximo de 48 horas se contacte directamente con el interesado en acceder a la eutanasia y que garantice que su voluntad fue tomada plenamente y que fue refrendada profesionalmente. El fiscal, apuntó, podría ir apoyado por un psicólogo o psiquiatra y certificar que la decisión se tomó sin ningún tipo de presión. 

Al respecto, Gallo adelantó que ve muy difícil recoger esta sugerencia y manejó otras alternativas.  Hasta ahora, la redacción de la propuesta señala que el paciente debe realizar una consulta con su médico tratante sobre su deseo de que se le practique la eutanasia. Ese profesional deberá determinar si existen las condiciones legales y sanitarias. Luego se prevé una segunda instancia, con otro médico, ante el que el paciente deberá ratificar su voluntad. 

El diputado frenteamplista señaló que una de las opciones es incorporar una consulta con un tercer médico, "algo que no tendría mucho sentido porque es muy difícil que opine distinto de los otros dos". Otra es que esa tercera consulta deba realizarse con el abogado de la institución prestadora de salud. 

 Uriarte, dejó en claro que la legalización de la eutanasia no resulta contraria a ningún tratado internacional suscrito por Uruguay ni tampoco resulta inconstitucional. "El concepto de la vida para el derecho es un concepto social", remarcó. "Para nosotros, la eutanasia no debe encararse como el derecho a morir, sino como el derecho a una vida digna".  En su razonamiento,  dijo que se debe partir de la base de que la vida es un derecho, pero no es una obligación. "No hay un mandato constitucional de que uno tenga que vivir a como dé lugar", señaló.