Excesos de injerencia estatal

La utilización de datos personales de forma indebida de parte del gobierno va en detrimento de los derechos individuales

Por El Observador

Una sociedad plenamente democrática requiere ser dirigida por una estructura estatal que asegure su funcionamiento ordenado pero respetando estrictamente los derechos a la privacidad y las libertades de los ciudadanos. El sistema peligra cuando se rompe ese delicado equilibrio entre gobernantes y gobernados porque las autoridades traspasan el límite de sus atribuciones. La injerencia excesiva del Estado en la vida de la gente y el mal uso de la información de que dispone sobre las personas son tentaciones en las que suele caerse en el ejercicio del poder, como está sucediendo en forma preocupante en Uruguay. Están por un lado dos instancias recientes de utilización indebida de datos personales, uno en reacción a un enojo presidencial y el otro para distraer de una posible omisión ministerial. Ambos casos están en una zona gris entre la falta de ética y el delito. En otro campo y aunque establecido por ley, es igualmente reprobable el exceso oficial en las normas de inclusión financiera.

El ejemplo más reciente del uso desviado de los elementos de que dispone un gobierno ha sido el caso de un padre que, en situación de calle, denunció que recurrió infructuosamente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en busca de refugio con su pequeño hijo. El Mides se ha defendido con explicaciones variadas. Pero la gravedad de lo ocurrido radica menos en quien tiene razón que en el hecho de que el Ministerio del Interior filtró la información de que el hombre tenía antecedentes penales de años atrás. Fue un intento de desacreditar públicamente al demandante con algo que nada tenía que ver con el pedido de refugio y que estaba claramente dirigido a tratar de sacarle al Mides las castañas del fuego.

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Algo similar ocurrió tiempo atrás cuando el presidente Tabaré Vázquez se enzarzó en una airada discusión callejera con un manifestante durante las protestas del agro y otros sectores sociales. La propia Presidencia procuró denigrar al manifestante, identificándolo como ocupante moroso de un predio del Instituto de Colonización. La publicación de esta información por el gobierno configuró la pequeñez de una represalia tan improcedente como el uso de un antiguo prontuario policial en el caso del padre, su hijo y el Mides.

En otro plano, pero también dentro de las incursiones oficiales contra los derechos de los ciudadanos, está la intención del gobierno de controlar hasta el último peso de que disponen. El área cubierta por la llamada inclusión financiera es parte de la evolución natural en las formas de compras y pagos en las sociedades modernas, mediante el uso de tarjetas y otras formas de dinero en reemplazo de los billetes. La gente tiende, cada vez más y en todos lados, a abandonar las transacciones en efectivo por vías más seguras o cómodas para sus operaciones. Es una corriente que se produce en forma natural, por decisiones voluntarias de cada uno. Pero al hacerla obligatoria el gobierno atenta contra la privacidad, con el objetivo final de combatir la evasión fiscal y recaudar más mediante el control de los ingresos de todos los ciudadanos, hasta los que perciben sumas ínfimas. Todo ello va en detrimento de los derechos individuales.

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