ver más

El exintendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral (Partido Socialista), fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y público, junto a la directora de Acondicionamiento Urbano de su gestión y el esposo de esta, un arquitecto que dirigió obras de refacción del Museo Agustín Araujo y en el Cine Teatro Municipal, realizadas en 2008.

La directora de Acondicionamiento Urbano contrató para realizar las obras a la empresa en la que trabajaba su esposo, quien además había sido director de Cultura de la comuna entre 2005 y 2006.

más Noticias
Y no solo eso. Si bien los implicados declararon que el arquitecto era un asesor honorario de la empresa y que no daba órdenes, en el juicio surgió lo contrario. Se probó que fue el técnico responsable de la obra (“brindaba sus opiniones y formulaba instrucciones”) y él mismo había elaborado los planos del proyecto de refacción de la obra cuando se desempeñó en la intendencia, según consta en el auto de procesamiento al que accedió El Observador.

La jueza penal Mariela Tejera afirmó que en los siete meses en que trabajó en la intendencia, “elaboró un anteproyecto aconsejando la remodelación del Teatro Municipal”.

La magistrada concluyó que existió “una confusión, entre el interés público, al que los indagados en su calidad de funcionarios debían servir exclusivamente, con otro interés de carácter particular o privado, en asuntos sometidos a su responsabilidad por razón de su cargo”.

A juicio de Tejera, el intendente “estaba en pleno conocimiento del vínculo matrimonial existente” entre la jerarca y el arquitecto y éste “con adquiescencia del jefe comunal, tomó decisiones sobre los recursos humanos y materiales de la comuna”.

Con respecto a la directora municipal, la jueza dijo que tuvo “la intención directa e inequívoca de beneficiar a la empresa con la cual su esposo mantiene hasta el presente vínculación laboral”.

También dijo que no informó a su superior jerárquico del vínculo.

La jueza evaluó que en el transcurso de la obra se produjo un incendio en las instalaciones del cine, causando daños en varios sectores, “debido a una falta de prevención y seguridad por parte de los responsables de la empresa”.

Agregó que si bien en caso de incumplimiento el pliego preveía una multa del 10% de la oferta aceptada, no se cobró a la empresa.

La fiscal Nidia Morosini había pedido meses atrás los procesamientos a los que la jueza hizo lugar. La indagatoria se inició en 2010 ante una denuncia de la Junta Departamental de Treinta y Tres, luego de que un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública concluyera que Amaral se apartó de “la conducta enmarcada en los principios de probidad y transparencia”.

“Prendido con alfileres”
Consultado por El Observador, Amaral dijo que su abogado apelará el fallo porque “está prendido con alfileres”. Agregó que está “absolutamente tranquilo” respecto a su “conducta ética”.

Amaral dijo que la empresa ganó la licitación “con todo en regla” y que él recién se enteró del vínculo entre el arquitecto y la directora municipal después que la obra ya estaba en marcha y avanzada. Aseguró que a partir de ese momento decidió excluir a la directora de todas las decisiones vinculadas a esa obra. “Supuestamente (la directora) tenía que haber documentado por escrito el vínculo”, afirmó.

Agregó que luego del incendio que se produjo en plena obra, “por decisión política” fue él quien decidió continuar trabajando con la misma empresa porque de lo contrario no se iba a poder terminar al refacción en el período y “tenían muchas actividades culturales”.

Amaral –que dejó la política y ejerce la medicina– manifestó estar “muy indignado” con el fallo que parece del “mundo del revés”. “Aunque esto se resuelva en segunda instancia el daño a mí, a mi familia, a mis hijos está hecho (…) en una año electoral”, concluyó.
Seguí leyendo