Experta de ONU alertó sobre que prestaciones sociales no llegan a ancianos "más vulnerables"

La especialista pidió al Mides, de quien dependen las políticas para ancianos, que aumente los controles para evitar los “préstamos abusivos” porque detectó que hay “ciertos sistemas como las casas de larga estadía o algunos familiares que extorsionan a la persona mayor para que pida un préstamo”. Además destacó que Inmayores debería “trabajarlo más”.

Kornfeld-Matte hizo estas apreciaciones al finalizar una visita de diez días en Uruguay que culminó este este jueves, y en la que recorrió centros de larga estadía y hospitales, se reunió con autoridades de gobierno como la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y distintas organizaciones sociales que trabajan en todo el país.

Entre las recomendaciones de la representante de la ONU también planteó que se debe “universalizar” la pensión básica no contributiva, una prestación de hasta $10.297 para personas de más de 70 años que se encuentran “en situación de vulnerabilidad socio económica”; mejorar la accesibilidad en los espacios públicos “para que las personas que tengan discapacidad o sean más viejos puedan utilizar los servicios” y poner en práctica un programa de políticas públicas para mayores que sufran distintos tipos de demencia y que vaya “desde el diagnóstico hasta la posibilidad de internación”.

“Una persona con demencia que no posee vivienda entra dentro del puntaje para ir a ingresar a un hospital de larga estadía o pasar sus días en un lugar habilitado. El Piñeyro del Campo tiene muy buen enfoque de derechos pero faltan cupos, camas, espacios y arreglo de infraestructura”, dijo. “Uruguay está un poquito atrás en la salud mental, en otros países ya hay planes de demencia o se está trabajando en la implementación”. 

La experta de Naciones Unidas destacó la existencia de “formación geriátrica” en la Facultad de Medicina pero señaló que hay un “déficit” en el interior del país y criticó el hecho de que el Estado no haya “reglamentado ni regulado la existencia de geriatras en hospitales y servicios públicos”, lo cual consideraba importante.

Luego de que en un incendio de un residencial no habilitado murieron siete ancianos, el Ministerio de Salud Pública inició en 2017 un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para crear un registro público sobre los residenciales y para actualizar la normativa, y se estableció la obligatoriedad de que cada residencial cuente con la asistencia profesional de un geriatra o médico con capacitación en adultos mayores, y de un asistente cada diez personas autoválidas y otro para cinco ancianos con dependencia, pero esa normativa solo rige para el sistema privado.

Como consecuencia de ese trabajo, el gobierno detectó que del total de 900 residenciales que existen, 732 no alcanzan ni siquiera las condiciones mínimas básicos para poder funcionar, mientras que 140 incumplen con una parte de las exigencias, según informaron las autoridades luego del relevamiento en el que clausuraron 8 residenciales. 

En tanto, Kornfeld-Matte dijo en su evaluación que el cumplimiento de los derechos de las personas mayores es “bueno” pero que el país debe avanzar en un “enfoque de derechos” porque todavía hay una mirada de los años ’80 más centradas en el enfoque socioeconómico y no tanto en los derechos.

Por último, pidió fortalecer la institucionalidad pública para personas mayores para que “el enfoque de derechos humanos sea una realidad”.