Expertos y operadores apuntan contra incentivos a la inversión

Señalan que el gobierno tiene una “visión miope” sobre el régimen

Las modificaciones del régimen de zonas francas y los incentivos otorgados a través de la Ley de Inversiones fueron dos flancos sobre los cuales expertos y operadores elevaron duras críticas al gobierno.

En el marco del seminario organizado por la editorial jurídica y el portal en internet La Ley, bajo el título Las inversiones en Uruguay, visión técnica y política, los expertos discutieron acerca de las condiciones del país para la atracción de inversiones.

El presidente de Zonamerica y vicepresidente de la Cámara de Zonas Francas, Orlando Dovat, acusó al gobierno de tener una “visión miope” sobre la importancia del régimen de exención tributaria y señaló que “solo ve en ellas una oportunidad para los usuarios de no pagar impuestos”.

El empresario se mostró molesto por las modificaciones realizadas por la actual administración en el régimen de zonas francas sin modificar la Ley que establece las condiciones a los operadores. Sostuvo que “el obsesivo afán de control llevó (al gobierno) a dictar decretos ilegales e inmiscuirse en las relaciones entre privados” y afirmó que esos actos “afectan a la inversión porque quitan credibilidad y certeza en el régimen”.

Los principales cambios introducidos por el gobierno al régimen de zonas francas refieren al impedimento de renovación automática de los permisos a los usuarios; que los contratos deban tener un máximo de hasta 20 años; y acerca de las actividades que pueden desarrollar las empresas fuera de los enclaves.

Dovat destacó la importancia de las zonas francas para la economía uruguaya, con una generación de valor equivalente a 3,8% del Producto Bruto Interno (PBI) y la creación de más de 9.500 puestos de trabajo. Pero enfatizó que tanto los operadores como los usuarios se ven “desalentados” por “el cuestionamiento permanente, genérico y sin fundamentos que reciben las zonas francas desde los sectores estatales”.

“El Estado no se convenció aún de la importancia de este instrumento de radicación de inversiones. Todos los años estamos viendo intentos, unos con éxito y otros no, de avasallar los derechos adquiridos a través de la ley”, expresó.

Malos incentivos.
Por su parte, el economista Javier de Haedo cuestionó la eficiencia a la hora de asignar los recursos por parte del régimen de promoción de inversiones, que otorga importantes exenciones tributarias a los proyectos que cumplan una serie de condiciones que el gobierno estima conveniente estimular.

Sostuvo que los últimos estudios realizados sobre el año 2010 arrojan que sólo 28% de los proyectos aprobados se hicieron como consecuencia del apoyo oficial. Esto es, se trata de iniciativas que se hubieran realizado de todas maneras, aún cuando no existiera el régimen de incentivos.
“Estamos regalando plata”, enfatizó. Según los cálculos presentados por el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el gobierno renuncia a US$ 370 millones por año en los proyectos que se benefician del régimen pero para los privados, esos incentivos no son determinantes a la hora de tomar sus decisiones de inversión. La cifra a la que renuncia el Estado corresponde a la mitad de los ingresos provenientes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al 9% de la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), y seis veces mayor de lo que se prevé ingresar por el nuevo impuesto a la tierra, en discusión en el Parlamento. “Uno debe preguntarse si esos sacrificios son justificados”, concluyó De Haedo.

En la misma línea el experto en derecho tributario, Andrés Blanco, señaló que los incentivos tributarios en Uruguay no tienen un efecto “decisivo” en la realización de inversiones, “por más que en algunos casos ayuden y den empujones importantes”.

Explicó que “la formación bruta de capital fijo no está principalmente atada a los incentivos fiscales sino que hay una correlación entre inversión y evolución del PBI”.

En contraposición a lo señalado por Dovat respecto a los “cambios en las reglas de juego”, el economista sostuvo que las reglas deben ser “correctas, estables y acordes al mundo de hoy”, pero que “no deben ser inmutables”. Señaló que el discurso de “defensa del statu quo” ante cualquier cambio en las normas vigentes es “falaz” y que “existieron muchas reglas de juego muy firmes que se cambiaron y fue muy bueno que se hiciera así”. En materia de clima de inversión, observó políticas que tienen“continuidad a lo largo de períodos de gobierno de diverso signo”. Señaló que los inversores pueden venir tranquilos que más allá de “algún divertimento de corto plazo para la tribuna, saben que el rumbo sigue siendo el mismo.

Sin embargo, sostuvo que existe una “lista importante de fracasos compartidos”. El ejemplo más claro, señaló, es el de la minera Aratirí. De Haedo acusó al gobierno de “improvisar” y “mantener un doble discurso”, mientras que la oposición “hablaba como si supiera” de temas como tributación y minería a cielo abierto”, obedeciendo a la máxima de que “todos somos directores técnicos”. El fracaso del proyecto, explicó, fue el “precio que se pagó” por los errores cometidos.

APUNTE
Cuestionan la calidad de las leyes
El director del Departamento de Derecho Comercial y Bancario de la Universidad Católica, Eugenio Xavier de Mello, sostuvo que “uno de los problemas” que afectan al sistema jurídico es “la baja calidad de las normas que se están aprobando”, que cuando implican a los inversores, generan incertidumbre innecesaria. El doctor en derecho sostuvo además que las leyes de concordato y quiebra son “excesivamente complejas” y no permiten una “salida rápida y ordenada” de las empresas a los mercados.

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