Camilo dos Santos

FA advirtió que adoptará "las medidas de movilización necesarias" contra la LUC

Este sábado la Mesa Política del Frente Amplio manifestó su rechazo ante el proyecto de ley y lo calificó de "inoportuno, inconstitucional y antidemocrático"

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23 de mayo de 2020 a las 15:25

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La Mesa Política del Frente Amplio (FA) se reunió este sábado 23 para tratar el informe sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) que elaboró su bancada bicameral y el grupo de articulación creado para esto.

Desde el FA se manifestó "absoluto rechazo a la metodología del mecanismo de urgente consideración" y se calificó al proyecto de ley como "inoportuno, inconstitucional y antidemocrático".

La resolución expresa que el FA asumirá "el compromiso de llevar adelante, en forma concertada, con todos aquellos actores y organizaciones sociales dispuestas a enfrentar este proyecto, las medidas de movilización necesarias que en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, permitan expresar y buscar el rechazo a su aprobación parlamentaria".

La declaración de la Mesa Política expresó su reconocimiento "al aporte de las organizaciones sociales y al trabajo de los legisladores y las legisladoras frenteamplistas" que intentaron modificar el texto original de la LUC y destacó su apoyo a los parlamentarios que "presentaron frontal oposición al uso irracional de la fuerza, la violación de la libertad de reunión y/o asociación, la reglamentación del derecho de huelga, las limitaciones a la libertad de expresión con la prohibición de los piquetes o profundos cambios en aspectos sociales y económicos que liberalizan y desregulan el funcionamiento económico y restringen el gasto público, generando así condiciones para la concentración del poder y la riqueza, atentan contra la inclusión financiera facilitando el lavado de activos y/o ponen el beneficio particular, e incluso la especulación privada, por encima del interés general".

La fuerza política resolvió "reafirmar el compromiso" en "defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", "la defensa del Estado y sus empresas públicas al servicio de la gente, de la soberanía nacional y del cuidado del ambiente", "entre otros aspectos que son vulnerados en esta propuesta del Gobierno".

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