Fallo obliga a directores del Banco Montevideo a resarcir a ahorristas

Le dio la razón al Banco Central que les reclamaba unos US$ 340 millones

La Justicia condenó a los exdirectores del Banco Montevideo y Caja Obrera a que respondan personalmente para indemnizar a los ahorristas que perdieron los depósitos que tenían en ambas instituciones financieras, liquidadas en 2002, luego de la crisis financiera.
Según la sentencia de la jueza civil de 17 turno Patricia Hernández, los hermanos Dante y Jorge Peirano Basso, Mario San Cristóbal, Juan Domingo Ratti y Marcelo Guadalupe, así como otros gerentes y personal jerárquico de las instituciones son responsables, y sociedades vinculadas al grupo.

El abogado Pablo González Bianchi, representantes de los hermanos Peirano Basso dijo a El Observador que apelará la sentencia de primera instancia.

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El vicepresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Jorge Gamarra, informó ayer a los medios de comunicación de la sentencia y destacó que se reconocieron las argumentaciones del BCU, “para obtener una indemnización para los ahorristas que resutlaron defraudados por esos bancos”.

En la sentencia a la que accedió El Observador, la jueza destacó que el Banco Central “goza de legitimación” para iniciar el juicio para cumplir con la finalidad que es “la protección del ahorro público comprometido por actos dolosos y alcanzar la finalidad de promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional”.

Este juicio civil había sido iniciado por el BCU en 2004 y diez años después tuvo sentencia.Pero desde 2006 se vienen conociendo sentencias de juicios iniciados por ahorristas particulares y empresas que han reclamado sus depósitos. En el 90% de las sentencias no se le ha dado la razón a los ahorristas y se ha fallado que no hubo dolo en la actuación de los banqueros pero todas han sido apeladas.

Pero en el fallo dado a conocer ayer, la magistrada señaló que existió “el elemento daño de la responsabilidad civil” y que se traduce en “los saldos impagos de los préstamos otorgados a personas físicas o empresas vinculadas o en los desvíos de dinero hacia éstas a través de las maniobras dolosas”.

La jueza se basó en que los propios directores “admitieron que existieron irregularidades tales como movimientos u operaciones no registrados o no contabilizados ante la situación de crisis y necesidad de asistir financieramente a entidades integrantes del Grupo Peirano o Velox, principalmente a Trade and Commerce Bank, (TCB, la off shore de Islas Caimán), a fin de evitar su caída y mantener el crédito del Grupo (“operación de salvataje”).

En su defensa los exdirectores negaron que la asistencia económica a emprsas del grupo haya sido la causa de la iliquidez del BM; y alegaron como “causa extraña”, la crisis bancaria–financiera regional imprevisible y lo que consideraron “la intervención inconvenientemente dispuesta del BM y del BCO, la que provocó la corrida de depósitos y el devenir insuperable de la crisis”.

Monto millonario

El vicepresidente del BCU afirmó que la indemnización será por una cifra “muy importante por lo abultada” pero Gamarra prefirió no especificar de qué monto se trataba.
En la sentencia, la jueza hizo un detallado informe de lo que reclamó el BCU a cada director y a cada empresa y dijo que hará lugar a la suma de dinero reclamada por la institución. Ese monto es de US$ 340 millones, según surge de la sentencia y según confirmaron a El Observador fuentes del Banco Central consultadas.

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