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A pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana de los Santos procesó sin prisión en diciembre de 2013 al escribano que labró el acta del remate de los aviones de Pluna por un delito de “certificación falsa por funcionario público”. En lugar de mencionar el nombre completo del oferente, Hernán Antonio Calvo Sánchez, el escribano Pablo Seitún registró “Antonio C. Sánchez” y, en lugar de que solo existió una oferta, escrituró que hubo “puja”. Esos fueron los argumentos del fiscal y la jueza para procesarlo.

El escribano apeló el fallo y este lunes el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1 Turno le dio la razón, revocando su procesamiento. El tribunal expresa en la sentencia que al registrar que hubo puja “no hay una afirmación de una mentira, sino un error”.

En cuanto a la omisión del nombre completo del oferente, el tribunal advierte que “no había ninguna norma específica para la forma de consignar la identidad del mejor postor, sencillamente, porque en el Reglamento Notarial no se regulan las formalidades de los remates” y que el fiscal lo desconoció.

A su vez, el tribunal apunta que para que haya falsificación documentaria debe existir “conciencia e intención de causar un perjuicio a la fe pública” y que, en el caso del escribano Seitún, no hubo ni conciencia ni intención de ocultar el vínculo del oferente con Juan Carlos López Mena, para quien había trabajado, como alegó el fiscal.

Pero el tribunal, integrado por los ministros Alberto Reyes, Rolando Vomero y Sergio Torres, fue más allá y cuestionó directamente la actuación del fiscal y la jueza.

“Es preciso que el juez limite su análisis y resolución a los hechos incluidos por el fiscal en su requisitoria o solicitud de procesamiento, pues, de lo contrario y respecto de los hechos ajenos a esta requisitoria, el juez estaría actuando de oficio”, aseguró el tribunal.

“Queda nuevamente en evidencia el apuro del enjuiciamiento que se sustentó en sospechas, elucubraciones, sobrentendidos y desconocimiento de la ley notarial”, concluyen los ministros en el último párrafo de la sentencia.

Al fiscal Gómez le sorprendieron estos comentarios. “Me llamaron la atención los giros que denostan la intervención de un operador judicial”, dijo el magistrado a El Observador.

“Me llama la atención aquellos giros y comentarios que no son de mi estilo. Jamás me he referido a ningún operador como que desconoce el derecho. Puede ser que lo desconozca, pero hay formas y formas de decirlo”, agregó.

Apelará y habrá casación
Gómez dijo a El Observador que apelará la sentencia, que llegará en casación a la Suprema Corte de Justicia, máximo órgano judicial que deberá resolver el caso.

“Soy respetuoso de la decisión del tribunal, pero obviamente no la comparto. Conocedor del sistema en el que creo y confío utilizaré los recursos que la ley me confiere”, anunció.

Este mismo tribunal de apelaciones resolverá el martes próximo el pedido de revocación del procesamiento del expresidente del Banco República Fernando Calloia, procesado por abuso de funciones por el otorgamiento del aval a la empresa Cosmo para presentarse al remate de los aviones.

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