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Fiscales confrontan con los jueces y apelan sus decisiones

Distintas interpretaciones del nuevo sistema penal continúan generando polémica

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14 de junio de 2018 a las 18:05

La decisión de dos jueces que otorgaron prisión domiciliaria a tres imputados de cometer rapiñas en las últimas semanas generó malestar en los fiscales que actuaron, que en ambos casos habían pedido prisión preventiva en atención a la gravedad de los delitos implicados. Como consecuencia, la Suprema Corte de Justicia analiza la resolución de ambos jueces luego de pedirles que justificaran por escrito sus decisiones, lo que encendió aún más la polémica.

El fiscal Fernando Romano ya apeló la decisión de la jueza Marcela Vargas, informó Búsqueda este jueves, y espera el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones. Romano había pedido prisión preventiva para tres hombres que, según alegó en la audiencia ante el juez que tuvo lugar a mediados de mayo, apuntaron con un arma a un conductor que pasaba por la avenida Belloni (Piedras Blancas), se llevaron su camioneta cargada con mercadería y luego la prendieron fuego.

Consultado por El Observador, el fiscal dijo que no hará declaraciones por un tema que le trajo "muchos dolores de cabeza". Su cuestionamiento le produjo "malestar" de la magistrada con Romano, dijeron fuentes judiciales.

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El otro caso sucedió en Rivera y la situación es más delicada: la familia de la víctima, golpeada y herida de gravedad –tuvo una fractura en un brazo y necesitó de seis puntos para recomponer su rostro– manifestó a la fiscal Verónica Bujarín que "tiene mucho miedo de lo que podrá pasar". Los imputados niegan haberse llevado el celular del asaltado, pero reconocen la golpiza que le propinaron.

"Argumenté que como factor principal para solicitar la prisión preventiva era el peligro de vida y la integridad personal tanto de la víctima como de los testigos. Son personas conocidas, ya tuvieron desavenencias con ellos antes y saben dónde viven", dijo Bujarín.

Según el petitorio de la fiscal al que accedió El Observador, "la medida solicitada es proporcional a los peligros establecidos de frustración de la investigación así como de riesgo para la seguridad e integridad del denunciante y testigo".

La audiencia por este caso fue el 8 de junio, y la fiscal aún tiene tiempo para apelar la sentencia. Eso hará próximamente porque, además, el arresto domiciliario que determinó en este caso el juez Gaspar Ardao supone también un esfuerzo para la policía. La medida implica que se destinen seis efectivos por día –dos por turno– a un domicilio que se encuentra en el barrio Villa Sonia, un área considerado "zona roja", según la fiscal, por lo que están expuestos a agresiones y "pedradas", como hubo en otras oportunidades.

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El magistrado, de acuerdo a Bujarín, entendió que "se podía otorgar la misma protección "con las dos personas bajo arresto en sus casas".

Preventiva

El encarcelamiento cautelar mientras se desarrollan los juicios es una medida que el nuevo Código del Proceso Penal –vigente desde noviembre de 2017– define como excepcional, a diferencia del sistema penal anterior, en que era la regla. Sin embargo, cuando hay peligro para la sociedad, riesgo de que el imputado se fugue o altere las pruebas que pueden condenarlo, debe determinarse la prisión preventiva.

La labor de la fiscal al frente de la Fiscalía de Rivera da cuenta de ese principio. De las cerca de 40 casos con imputados que llevó adelante, en solo en cinco solicitó prisión preventiva.

De todos modos, el Poder Ejecutivo envió a mediados de mayo un proyecto que propone introducir algunas modificaciones al sistema penal, como transformar en obligatoria la prisión preventiva para los delincuentes reincidentes, reiterantes o habituales, o cuando se trate de delitos graves en los que va a recaer pena de penitenciaría.

Arrebatos

Un antecedente de la negativa de un magistrado a conceder la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía ocurrió la semana pasada: el juez Ismael Falco desestimó que una pareja que arrebataba carteras desde una moto por la Costa de Oro (Canelones) esperara su juicio tras las rejas.

"A todos nos gustaría aplicar esa medida cautelar, pero no es posible de acuerdo a la ley que nos rige, y además (en este caso) son personas sin antecedentes, lo cual es un dato importante", había dicho a El Observador. Incluso, según Falco, la defensa podría haber impugnado esas medidas, ya que en su criterio "estaban al límite de lo que hubiera correspondido".

La fiscal Sabrina Massaferro contaba con pruebas como la declaración de los indagados, el reconocimiento de testigos y cámaras de seguridad que demostraban la participación de los imputados en al menos dos arrebatos en los balnearios de Marindia y Salinas.

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