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Las fiscalías de los países del Mercosur "consideran imperioso que se respete la autonomía del Ministerio Público venezolano" y creen que esa independencia "se ve puesta en riesgo como consecuencia de la interferencia de otros poderes públicos, manifestada a través de presiones de variada naturaleza y actos intimidatorios que finalmente dificultan o impiden la investigación y persecución penal de hechos constitutivos de delito ocurridos en dicho país". Así lo expresaron a través de un comunicado este viernes, luego de haber recibido un informe de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega.

En el documento, recibido por el fiscal general de Uruguay, Jorge Díaz, el jueves 29, relata cómo desde el 31 de marzo ha habido "acciones" del Tribunal Supremo de ese país "para arrebatarle la titularidad de la acción penal". "Acudo a usted para dejar constancia del modo en que están procediendo otros poderes públicos del Estado venezolano, para atentar contra el rol de independencia y autonomía del Ministerio Público".

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La fiscal Ortega había dicho el miércoles 28 que en Venezuela hay "terrorismo de Estado" y que "se perdió el derecho a manifestar". Esa declaración fue realizada durante una conferencia de prensa a la que convocó luego de que el Tribunal Supremo le otorgara a la Defensoría del Pueblo competencias de la Fiscalía en medio de las protestas contra el gobierno, por las que desde abril han dejado 76 muertos.

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La Fiscalía General de la Nación uruguaya y el resto de las del Mercosur manifestaron en el comunicado que "rechazan cualquier pretensión de remoción" de Ortega "por fuera de los canales legales y constitucionales y, en su caso, exhortan a que su derecho a la defensa sea debidamente reconocido y pueda ser ejercido adecuadamente".

En la nota enviada, Ortega agradeció a Díaz por la "solidaridad con la defensa de la constitucionalidad e institucionalidad". "Continuaremos trabajando firmemente por la defensa, permanencia y vigencia de las competencias de esta institución, contribuyendo de esa forma a alcanzar una solución legal y pacífica a los conflictos existentes actualmente en el país y velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos", remató.

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