Jorge Gandini, el diputado del Partido Nacional, le exigirá responsabilidades políticas al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, ya que considera entregó "información no veraz" al Parlamento sobre las irregularidades en una licitación que costó US$ 2,8 millones, informó El País.
El representante considera que el titular del ente, quien firmó un pedido de informe el pasado 27 de junio que había sido solicitado meses antes por el legislador, “tergiversó" información para desestimular su investigación.
Gandini había solicitado información sobre presuntas irregularidades en una licitación para la realización del estudio de integridad y vida residual de las Unidades 5ª y 6ª de la Central José Batlle y Ordóñez.
La solicitud del diputado llevó a una investigación interna en UTE que derivó en la constatación de serias irregularidades en el proceso de licitación y las obras. Además, el expediente pasó a la Justicia del Crimen Organizado y se iniciaron sumarios con separación del cargo de tres gerentes, recordó El País.
La indagatoria sobre la licitación, que ganó la empresa Soluziona-CSI, señal que debe determinarse la responsabilidad del "funcionario citado en la respuesta enviada por oficio al Ministerio de Industria el 27 de junio de 2012, la que no se corresponde con la verdad, pues según se informó en la investigación, el Consorcio Soluziona-CSI no cuenta por la ejecución del contrato de esta licitación con ninguna anotación por penalidades económicas o descuentos en el Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores a cargo de la División Abastecimientos, lo que eventualmente puede representar un ilícito penal".
“Debió informarse más”
El matutino repasa que Gandini preguntó si una vez ejecutado el trabajo licitado, "UTE debió realizar, a su costo, trabajos de corrección de errores o reparación de daños en la Central Batlle causados por la empresa contratada u ocasionados como consecuencias de esos trabajos".
En la respuesta del ente se señala: "según lo informado por la Subgerencia de Mantenimiento Centrales Térmicas sobre los trabajos de la contratista, UTE hizo trabajos de reparaciones de válvulas, lo que se descontó del pago a la contratista, no habiendo asumido esta Administración dichos costos".
En la investigación no se encontró ese descuento en la respuesta de UTE y tampoco encontró "penalizaciones ante los incumplimientos de Soluziona-CSI".
Según informa El País, la licitación había sido adjudicada por US$ 1.223.944,99 pero al finalizar los trabajos UTE abonó a la empresa un total de US$ 2.834.372,57, un 137,57% por encima del costo inicial.
“El presidente de UTE fue víctima de la subgerencia que lo indujo a error, pero es el responsable político porque firmó esa respuesta. Quiero determinar cuál será su responsabilidad política por informar de modo no veraz al Parlamento. Son hechos muy graves y él debió informarse más", expresó Gandini. "Conozco pedidos de informes que nunca fueron contestados y respuestas parciales que ocultan una parte de la verdad para no comprometer al Ejecutivo, pero lo que nunca vi fueron respuestas probadamente falsas”, agregó.
El diputado señaló que "con todo lo que ocurrió es obvio que los trabajos no fueron satisfactorios”. “Las respuestas que recibí estaban dirigidas a que yo no siguiera investigando. Cuando recibí estas respuestas archivé el caso porque se me dijo que ante ese sobrecosto se había actuado y que el trabajo era satisfactorio. Luego me entero que ni una cosa ni la otra. Con sus respuestas UTE desalentó mi investigación y el presidente de la empresa, más allá de que él mismo pasó los antecedentes a la Justicia, debe responder políticamente por esa información fraudulenta", afirmó.
