Si esta maraña judicial y empresarial se desenreda antes del jueves 8 de octubre, los uruguayos podrán ver el partido contra Bolivia en La Paz por televisión. De lo contrario, los orientales deberán aprontar la radio o hurgar en portales de internet que retransmitan el partido.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) vendió los derechos televisivos de los partidos de Uruguay en el exterior a la empresa Full Play, propiedad de Hugo y Mariano Jinkins. Ambos son indagados por la Justicia uruguaya por lavado de dinero, luego de que la Justicia de Estados Unidos solicitara su detención por supuesto pago de coimas a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Los Jinkins, padre e hijo, están detenidos en una cárcel de Buenos Aires.
La Justicia de Crimen Organizado, a solicitud del fiscal Juan Gómez y por orden de la jueza Adriana de los Santos, embargó en Uruguay las cuentas de los Jinkins y de Full Play por existir sospechas de lavado de dinero.
Ante esta situación, el viernes 28 de agosto la AUF rescindió unilateralmente el contrato con Full Play porque el dinero para pagar la segunda cuota (US$ 500 mil) quedó retenido en el Banco República (BROU) por orden de la jueza De los Santos.
Luego del anuncio de que la AUF iba a rescindir el contrato, Full Play solicitó a la Justicia Civil que impusiera una medida cautelar de no innovación. Esto significa que pidieron a un juez que obligue a la AUF a cumplir el contrato.
El lunes el juez civil López resolvió que "debe garantizarse a la AUF los daños y perjuicios que pudiere ocasionar el no pago del saldo del precio estipulado en el contrato". El magistrado ordenó que Full Play deposite US$ 1,75 millones como garantía de que pagará las cuotas que restan a la AUF y, de esa manera, cumplirá el contrato. El juez aclara que esa garantía "no puede consistir en depósito bancario realizado con fondos de Full Play ni bienes de su propiedad" porque están embargados por la Justicia de Crimen Organizado. La empresa de los Jinkins está obligada a recurrir a otra sociedad para pagar la garantía.
La resolución judicial llamó la atención de investigadores de Crimen Organizado porque, si se concreta, este depósito también podría ser embargado.
El artículo 57 de la ley 17.016, referido al lavado de dinero, establece que "el que asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría".
