El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, propone usar marihuana con fines terapéuticos en las cárceles. “La marihuana puede mitigar el consumo de pasta base, que es uno de los principales problemas”, dijo Garcé a El Observador.
“Soy partidario de una regulación del uso de marihuana medicinal en las cárceles, en un contexto de reducción de daños, con personal e instalaciones adecuadas”, expresó el comisionado parlamentario.
Garcé considera que hay que dar vuelta la página en la evaluación del sistema carcelario y en la jerarquización de sus problemas. El hacinamiento, que ocupó el primer lugar en la agenda del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) durante al menos los últimos dos años, “estaría solucionado hasta 2020”, según el comisionado. En este escenario, Garcé reconoce dos nuevas prioridades: hacer un seguimiento minucioso del uso de la fuerza policial y mejorar el sistema de salud.
“Existen malas prácticas de aplicación de la fuerza por parte de algunos funcionarios”, dijo el comisionado, que recordó que “la fuerza debe utilizarse para evitar males mayores y la intervención nunca puede ser mayor al daño que se pretende evitar”. Luego, reconoció que las autoridades del INR ya están trabajando en la mejora de la conducta policial.
En cuanto a la segunda prioridad, Garcé explicó que en salud hay un avance y una zona crítica pendiente. “El avance está en las mejoras, en la calidad de la atención y el área crítica es el tratamiento del consumo problemático de drogas”, aseguró. En la última entrevista que dio a El Observador, en diciembre de 2012, el comisionado dijo que “en el Comcar se debería instalar un pabellón para el tratamiento de unas 200 personas en régimen de internación voluntaria”. Esta propuesta fue recibida por los jerarcas del INR, que ya están trabajando en la construcción de un hospital dentro de esa cárcel.
En diálogo con El Observador, el comisionado explicó que “la gente bajo los efectos de la marihuana no tiene actitudes agresivas”. En contrapartida, ha visto “a mucha gente destruida por la pasta base con episodios de autoagresión, gravísimos”. “Algunos internos, cuando no consiguen la droga, se apuñalan en el abdomen y, luego de ser intervenidos, se abren la herida por crisis de abstinencia”, agregó.
El consumo de pasta base es extendido en las cárceles uruguayas. “A pesar de que han mejorado los controles, en muchas cárceles es fácil obtener pasta base”, aseguró el comisionado, quien advirtió que es más fácil aun obtenerla donde no se aplica tecnología para controlar el ingreso de personas a los establecimientos.
“En este momento no tengo referencias frecuentes a crisis de abstinencia y este hecho tiende a reafirman la hipótesis de que se mantiene el consumo”, dijo. De todas maneras, destacó el “esfuerzo” que está realizando el INR para “restablecer la legalidad dentro de las cárceles, sobre todo en aquellas que se habían transformado en un caos”.
Garcé sostiene que su propuesta apunta a reducir la inseguridad y la extorsión dentro de las cárceles y, sobre todo, a atender el problema de la salud. Para que la iniciativa prospere, el Frente Amplio deberá aprobar la ley que regula el mercado de la marihuana.
Sin hacinamiento hasta 2020
El comisionado considera que el hacinamiento dejará de ser un problema para el sistema carcelario uruguayo desde setiembre de este año hasta 2020. Garcé prevé que en setiembre se inaugure el módulo 10 del Comcar, con una capacidad de 1.016 plazas.
Los presos que permanecen desde abril de 2012 (cuando en medio de un motín destruyeron los módulos 4 y 5) en los patios del módulo 8 del Comcar, serán realojados esta primavera en el nuevo módulo.
A su vez, un grupo de reclusos está trabajando en la restauración de esos módulos. Al finalizar la obra, cada uno tendrá capacidad para 280 reclusos. “El nuevo módulo 10, más los módulos 4 y 5, constituyen un colchón de 1.600 plazas que permitirán a esta administración solucionar el hacinamiento”, dijo Garcé. “El tipo de material con que se construyen los módulos nuevos hacen difícil la destrucción”, aclaró.
El comisionado recordó que el gobierno prevé construir además una cárcel en Punta de Rieles para 2.000 reclusos, que “estará pronta probablemente en 2016” y que funcionará como “colchón” del próximo gobierno.
